Sarao de trincones

Ha sido, todo a un tiempo, pasmoso, ilustrativo y deprimente o divertido, según como se mire. Nos referimos a los sucesos acaecidos en torno a la contrata municipal para la recogida de basuras en Orihuela. Y no tanto por la presunta alcaldada que se cocía, beneficiando arbitrariamente a uno de los licitantes, como por el universo de corrupción que emerge a propósito de ese trámite y que ha quedado insólitamente grabado en audio y en vídeo. Incluso se anuncia la aparición de nuevas cintas inculpatorias de personajes notables de la comarca. La Vega Baja y su capital van a seguir siendo, pues, el vórtice de la corrupción en la Comunidad Valenciana mientras que el PP, partido que gobierna también la mentada ciudad diocesana, se llama a andana.

Damos por convenido que el lector está al cabo de la calle, cuanto menos de los trazos básicos de este episodio, que puede resumirse en el enfado, previsión y venganza de un empresario ante el riesgo cierto de perder la adjudicación del servicio de limpieza, que ya viene desempeñando en circunstancias legales más que dudosas. Puesto en el brete, el aludido tira de la manta y le sonsaca a un concejal los muchos millones que al parecer iban a repartirse los ediles comprometidos en la trastada. La conversación, larga y pormenorizada -que en la medida que valga es ya un documento- constituye un testimonio de la podredumbre que abunda, alentada a menudo por la venalidad de algunos -¿o serán muchos?- políticos y el desmadre inmobiliario.

Los personajes de este esperpento son numerosos, con el inefable José Manuel Medina, el primer edil de la ciudad, al fondo. Pero a efectos mediáticos e ilustrativos, los principales son Ángel Fenoll, un hombre crecido económicamente a la sombra del PP, y el disidente de este partido, Jesús Ferrández, que ahora preside el Centro Liberal. Ambos, peritos en entretelas y con una densa hoja de servicios a las siglas gobernantes. Aquel, incluso se comió un marrón penal cuando proporcionó una coartada al ex regidor Luis Fernando Cartagena. Quienes tienen motivo para conocerle no le recomiendan como adversario, y menos como enemigo.

El liberal de nuevo cuño es un trasunto del inevitable parásito partidario con vocación de mangoneador, como tiene declarado más o menos festivamente. Quien haya tenido la paciencia de leerse las peroratas de estos individuos, grabadas y divulgadas, al punto concluye que también es un ingenuo, además de soez. Pero su candidez tiene la ventaja de proyectarnos sin veladuras el fabuloso agio y trajín de venalidades que se arremolina en torno a los famosos PAI, los planes de actuación urbana, que en esa zona -y en otras, obviamente- han movido cifras multimillonarias. "30.000 millones de pesetas que es lo que están ganando estos (y aquí un exabrupto)", exclama en un momento el veleidoso concejal.

De esta historia se desprenden, a nuestro juicio, dos preguntas capitales. La primera alude al protagonista, al empresario acusador y desairado. ¿Por qué rompe la baraja ahora y de esta manera? Desde este momento no habrá quien le dirija la palabra ni le ofrezca un medro sin el temor de sentirse en la onda de un magnetofón o filmadora. La derecha, todo sea dicho, tiene propensión a valerse por estos pagos de estos ardides de espías y policías. Confiemos en que el patrón que nos ocupa se redima -o se vengue- entregando todo ese material acusatorio a la fiscalía, tan desbordada por la faena. Y otra cuestión: ¿a qué espera el presidente Francisco Camps para afrontar el escándalo? Igual cree, como ha declarado su consejero portavoz, tan desarmado -dicho sea con indulgencia-, que el asunto no les concierne porque los involucrados, los arriba glosados, no tienen carné del partido.

No ha de extrañarnos que en este paisaje aluvial de "pelotazos" y sarao de trincones los dedos se nos tornen huéspedes y en toda compra de terrenos se perciban visos sospechosos. Tal como ha ocurrido con la finca adquirida en el término de Alcoi por el subsecretario de la Consejería de Territorio. Aunque la operación sea más legal que el mismo Código Civil, no dejará de levantar suspicacias. No ya por el precio o el imprevisto proyecto de un campo de golf en su vecindad. Simplemente porque la desconfianza y el privilegio, cuando no el abuso, es el clima que, acaso a su pesar, fomente la política urbanística que desarrolla la Generalitat. Lo que pasa en la Vega Baja solo es su colmo.