Un problema común

A un problema común como la inmigración ilegal se le debe dar una respuesta común. La Unión Europea parece comenzar a entenderlo con la serie de medidas que ha aprobado, a instancias de España, para controlar el último foco de flujo masivo desde Mauritania a Canarias. De entrada, la UE va a poner en marcha por vez primera un mecanismo de reacción rápida para afrontar la crisis con la entrega inmediata de dos millones de euros al país norteafricano, el desbloqueo de recursos del Fondo Europeo de Desarrollo y el próximo viaje a Nuakchot del comisario de Ayuda Humanitaria, Louis Michel.

Más de 3.550 subsaharianos han logrado llegar con vida al archipiélago canario en los últimos dos meses y medio, pero otros muchos han fallecido en la aventura iniciada en la costa mauritana. El informe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuyo destino ha sido fuente de conflicto entre varios departamentos, alertaba el pasado diciembre de la posible muerte de entre 1.200 y 1.700 ilegales ahogados y recomendaba varias de las propuestas emprendidas ahora por el Gobierno.

Es obvio que no ha habido la exigible coordinación en el Ejecutivo sobre la evaluación de los datos del CNI, desmintiendo primero y confirmando luego la existencia del documento. No está de más, por tanto, que lo aclare en sede parlamentaria respondiendo a la petición del PP, que ha solicitado la comparecencia de la vicepresidenta Fernández de la Vega y del ministro de Defensa, Bono. Sin embargo, resultaría un desgaste intelectual un tanto inútil centrarse en el continente (el informe) antes que en el contenido (el conjunto de medidas adoptadas). A este respecto, sería injusto no reconocer la buena labor de Fernández de la Vega con su rápido viaje a Canarias y la de la misión de altos funcionarios a Nuakchot. Todo ello ha cristalizado en una ayuda financiera, el envío de patrullas de la Guardia Civil para una vigilancia conjunta de la costa, la construcción de un centro de acogida y la promesa mauritana de aplicar el convenio de repatriación.

Obviamente, estas acciones suenan más a parche que a remedio definitivo si se acepta que el problema rebasa las competencias de España. En cualquier caso, encajan en la filosofía de una futura estrategia común europea contra la inmigración ilegal y las mafias que la alientan. Pero Europa debe abordar de una vez por todas un plan integral de ayuda al desarrollo en África.