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Editorial:

Prudente gestión

Que la Seguridad Social se plantee mejorar la gestión de sus recursos financieros, aquellos con los que ha de garantizar las pensiones de los jubilados, es una muy buena noticia. En estos últimos años, los ingresos generados por cotizaciones han crecido a un ritmo sin precedentes como consecuencia de una igualmente excepcional creación de empleo. La creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social respondió a una de las recomendaciones del Pacto de Toledo, suscrito por todos los partidos políticos, en el que se establecía la aspiración a la consecución del equilibrio financiero del sistema.

Ese fondo, la "hucha de las pensiones", alcanza 31.200 millones de euros, un 3,47% del PIB, equivalente a seis mensualidades de la nómina de pensiones: las dotaciones realizadas desde mayo de 2004 han superado los 14.400 millones de euros. Al término de este año se estima que ese fondo alcance los 35.500 millones de euros. Un 80% de ese fondo está invertido en la actualidad en títulos de deuda pública española, y el resto, en títulos extranjeros de la misma naturaleza. La rentabilidad a 31 de diciembre de 2005 era del 3,37%.

Son señales inequívocamente favorables, a las que ahora se incorpora la pretensión del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de elaborar un anteproyecto de ley con el fin de mejorar la gestión y aumentar la rentabilidad de ese fondo. Un grupo de trabajo interministerial hará propuestas que incorporen fórmulas de diversificación de la inversión, incorporando experiencias de otros países, incluida la posibilidad de gestión privada. Que en la gestión de parte de ese fondo se aprovechen técnicas y posibilidades privadas de gestión no ha de significar ni el abandono de la dirección pública de esas inversiones ni el de la prudencia en la gestión de esas carteras de activos financieros.

Es posible combinar la muy estricta acotación del riesgo con una gestión eficiente que procure tasas más elevadas de rentabilidad a esos recursos. El caso de Irlanda avala esa hipótesis. Eso sí, el proceso de asignación a gestores privados y las cuantías que finalmente se asignen, así como los criterios de gestión, han de ser suficientemente rigurosos y, desde luego, transparentes. Hay demasiado en juego.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de marzo de 2006