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Editorial:

Estatuto listo

La Comisión Constitucional del Congreso ha dejado el proyecto de nuevo Estatuto catalán listo para su votación en el pleno del 30 de marzo. Los votos en contra del PP y de ERC certifican que el consenso no ha podido alcanzar a los dos extremos. Sin embargo, el texto aprobado ayer demuestra que la voluntad de acuerdo se ha impuesto a algunos excesos retóricos que sostenían que los puntos esenciales del proyecto salido del Parlamento catalán eran "innegociables" o incluso que debería ser convalidado sin más.

Tan sólo Esquerra, de entre los proponentes, quedó atrapada en esa retórica. El resto acabó aceptando el principio de que un buen Estatuto sería aquel que, además de suscitar el máximo consenso en Cataluña, sea aceptable para la mayoría de los españoles. El resultado de esa negociación es un texto del que han desaparecido los aspectos manifiestamente inconstitucionales y en el que han sido remodelados los artículos que podían generar desigualdad de derechos entre españoles o condicionar de manera exagerada las atribuciones del Gobierno central. El nuevo texto aumenta las competencias de la Generalitat, refuerza las garantías del autogobierno y mejora la financiación; pero todo ello conforme a un modelo susceptible en principio de extensión a otras comunidades.

Que llegue al pleno con menos consenso del que suscitó el actualmente vigente es consecuencia de un proceso negociador marcado por dos condicionantes: el imprudente compromiso preelectoral de Zapatero de avalar lo que llegase de Cataluña (lo que favoreció una puja), y la pugna entre ERC (desde dentro del tripartito) y CiU (en la oposición) por la hegemonía del nacionalismo. Maragall no ha sido capaz de canalizar el proceso desde un liderazgo indiscutible, y la inmadurez de Esquerra fue aprovechada por Artur Mas para convertirse en el interlocutor de Zapatero en el tramo decisivo de la negociación. Ello provocó a su vez la radicalización final de ERC y su voto negativo.

El PP pudo haber capitalizado el encauzamiento del texto hacia los límites constitucionales mediante fórmulas que coinciden en parte con enmiendas suyas; pero la estrategia de brocha gorda del equipo de Rajoy ha preferido vender la idea de que el texto salido de la Comisión es tan inconstitucional e inaceptable como el que llegó del Parlamento catalán; esa estrategia culmina con el disparate de la recogida de firmas para la convocatoria de un referéndum en toda España sobre el Estatuto, que es una forma de trasladar a la calle la bronca entre políticos y de fomentar el enfrentamiento entre comunidades.

Una enseñanza, que sirve sobre todo para el proceso que pronto se abrirá en el País Vasco, es que la lógica autonómica implica equilibrios que no se pueden romper unilateralmente. Otra conclusión es que hay que separar la política de alianzas, coyuntural por definición, de las lealtades básicas a las que ningún gobierno central podrá renunciar. Y una tercera, que no hay oposición más estéril que la que se limita a profetizar la catástrofe, haga lo que haga el Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de marzo de 2006