El Consell intenta mantener en el eje de su acción política la reivindicación del agua del Ebro

El Consell ha intentado a lo largo de la última semana, coincidiendo con el segundo aniversario de la victoria de José Luis Rodríguez Zapatero, mantener vivo el agravio de la derogación del trasvase del Ebro y resituarlo nuevamente en el centro de su política. En el marco de esta estrategia, la Consejería de Territorio anunció días atrás la denegación de la primera solicitud para construir en suelo reservado para el trasvase del Ebro. En enero de 2005 el Consell sacó a exposición pública un "plan de acción territorial de carácter sectorial de corredores de infraestructuras" para mantener libres los terrenos en los que estaba previsto el canal del Ebro. Un plan que impide la ocupación de 16.000 hectáreas en 65 municipios. Sin embargo, no ha sido hasta esta semana pasada que la consejería ha anunciado que denegaba la solicitud de un particular para edificar en una parcela rústica de 20.000 metros cuadrados en Salines. En el mismo comunicado, Territorio indicaba que también había informado desfavorablemente una petición para extracciones mineras en Pedralba. El consejero Rafael Blasco aseguraba: "El trasvase del Ebro es un proyecto irrenunciable para el Consell".

En Alicante no hubo en 2005 ni un corte de suministro de agua potable pese a la sequía

Los populares admiten que hay cierto cansancio por la insistencia en el discurso hídrico

El pasado día 13, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba una resolución del Consell fechada el 3 de marzo en la que se recogía el convenio de asistencia jurídica entre el Consell y la Fundación de la Comunidad Valenciana Agua y Progreso. Un convenio aprobado por el Consell el 11 de febrero de 2005, es decir, hace más de un año. Este convenio, con vigencia de un año prorrogable si no lo denuncia una de las partes, permitirá a los servicios jurídicos de la Generalitat prestar asistencia a la fundación, que como contraprestación abonará al gabinete de Presidencia 2.000 euros anuales, pagaderos en tres plazos. La Fundación se creó mediante acuerdo del Consell en mayo de 2004 junto con una partida de 700.000 euros destinados a sufragar la defensa jurídica de los afectados por la derogación del trasvase del Ebro.

Ambas iniciativas se completaron el pasado martes, antes de entrar en plenas fiestas falleras, con una valoración de la dirección regional del PP del segundo aniversario de la victoría de Zapatero. Nuevamente, la secretaria regional, Adela Pedrosa, y el vicesecretario, Ricardo Costa, esgrimieron el agravio del trasvase del Ebro. Junto al argumentario ya habitual, Costa insistió en cuantificar el coste económico de la derogación del trasvase, que cifró en 1.500 millones de euros y centenares de puestos de trabajo que, en su opinión, no se crearán. Pedrosa volvió a acusar a Zapatero de debilidad ante las presiones de Esquerra Republicana de Catalunya. Y este pasado fin de semana, el consejero de Infraestructuras, José Ramón García Antón, sacaba de nuevo a relucir el número de hipotéticos trasvases del Ebro perdidos en el mar.

Pero lo cierto es que la reiteración de la queja y la acusación de que el Gobierno socialista ha agraviado en términos superlativos a la Comunidad Valenciana con su decisión de derogar el trasvase del Ebro ya no tiene el mismo efecto. Fuentes populares reconocen que hay "un cierto cansancio" y que las denuncias de los cargos del PP en esta materia ya no tienen la repercusión de meses anteriores. Los populares tienen admitidos a trámite varios recursos de inconstitucionalidad contra la decisión del Gobierno, pero dada la saturación de casos existente en el Tribunal Constitucional tardarán años en resolverse. Con la promesa de retomar el proyecto cuando gobiernen, la protección de la franja de terreno del trasvase, y la fundación Agua y Progreso, el PP intenta mantener vivo el recuerdo de la queja. Sin embargo, los efectos de la decisión del Gobierno tampoco son percibidos de una manera clara por la ciudadanía -el agua del Ebro tampoco hubiese circulado por el trasvase hasta 2008, como pronto-, y mientras el Ministerio de Medio Ambiente, que dirige Cristina Narbona, se ha puesto manos a la obra con las desaladoras, entre otras actuaciones del programa Agua con el que asegura que la Comunidad Valenciana tendrá más recursos que con la transferencia desechada. A pesar del rechazo público a la política ministerial, con objeciones y marcando siempre las distancias, la Generalitat colabora en una parte de los proyectos de Medio Ambiente y trabaja en otros con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

La ministra anunció el pasado miércoles que la planta desaladora de Torrevieja, que tendrá 60 hectómetros cúbicos para regadío y otros 20 para abastecimiento, se va a licitar "de forma inmediata". La ministra resaltó que el aumento de la inversión estatal permitió que en 2005 no se produjese "ni un solo corte de suministro" de agua potable a pesar de ser el año más seco de la historia de España, algo que sí ocurrió, por ejemplo, en 2003, a pesar de no ser un año de sequía. Narbona aseguró que con la anticipación de la puesta en marcha de la desaladora de San Pedro de Pinatar, que servirá 24 hectómetros cúbicos a Alicante, la ampliación de la planta de Aguamarga, la licitación en breve de las de Dénia y El Campello, así como el aumento de capacidad en Xàbia, dará recursos seguros ante una sequía.