La legitimidad de las reformas, en cuestión

DE MODO CRECIENTE se multiplica una nueva línea de crítica a la acción del Gobierno: la que entiende que le falta legitimidad para tomar medidas -medidas que al mismo tiempo son calificadas como "radicales"- porque la victoria electoral del 14 de marzo de 2004 fue excepcional por sus circunstancias (el efecto de los atentados terroristas de tres días antes y la reacción de la ciudadanía ante la utilización de la mentira como arma política por parte del PP). Según los defensores de esta tesis, los ciudadanos no avalaron tanto el programa electoral socialista como el castigo a los que no dijeron la verdad. Una especie de voto en negativo.

Esa crítica no es exactamente de la misma familia de la que, directa o subliminalmente, no reconoce el resultado electoral: se habría producido una apropiación espuria del poder por parte de ZP y hay que volver al estado de cosas anterior al 11-M. Ésta es el origen de la crispación que vivimos, pero ambas aportan teoría a la hipótesis de España como sociedad escindida.

En el haber, el crecimiento, la reducción del paro y el superávit. En el debe, la inflación, el déficit exterior y la tasa de empleo temporal. Lo mejor, la ley de dependencia. Lo que no cambia, el modelo de desarrollo

Lo más curioso, si no se entiende únicamente como arma ideológica, es la consideración de que la acción gubernamental de ZP es, en buena parte, una práctica radical que lleva a situaciones irreversibles, y que es ésta, y no la tensión sobrevenida por no aceptar la pérdida del poder en las urnas, la causante de la crispación y del aumento de la división entre los ciudadanos.

Es difícil de sustentar

esa radicalidad en las materias socioeconómicas, que son de las que trata esta columna. El balance de mitad de la legislatura es bastante positivo en todo lo que se refiere a la ciudadanía social (Marshall): se amplia el Estado de bienestar al introducir en el mismo el denominado cuarto pilar, la Ley de Dependencia. Alrededor de 1,1 millones de ancianos (el colectivo más afectado por la pobreza relativa, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística) y discapacitados necesitan ayuda para las actividades cotidianas, y casi dos millones de ciudadanos más requieren de algún servicio externo para desenvolverse. También forma parte de esa síntesis la Ley de Igualdad, que establece una cierta discriminación positiva a favor de la mujer, dado que el mercado no corrige las desigualdades de origen, o el reconocimiento de las pensiones para los niños de la guerra. Estas políticas pueden considerarse parte integral del socialismo de los ciudadanos que figura en los textos, tan citados como poco leídos, de Philip Pettit (del que acaba de publicarse en España un nuevo libro, Una teoría de la libertad).

En cuanto al balance económico, la política seguida ha sido una continuación, en lo básico, de la aplicada por el PP. En este sentido, los socialistas se han sumado a la ola de la coyuntura y la han mejorado. Su principal mérito es no haberse equivocado. En su haber figura un crecimiento del PIB del 3,4% (muy superior al de nuestro entorno), una cifra de paro del 8,7% (muy poco por encima de la media europea) y el primer superávit de las cuentas públicas de toda la democracia en el año 2005. Ello no significa que estemos en un círculo virtuoso: en el debe de las cifras también está una inflación del 4% (1,8 puntos por encima de la de la UE o 1,7 puntos mayor que la de la zona euro), un déficit exterior histórico por su amplitud (el déficit corriente asciende al 7,6% del PIB, muy por encima del escandaloso déficit de EE UU) o el porcentaje de empleo temporal más alto de nuestro alrededor (superior al 33%).

Si las cosas van bien, ¿para qué cambiar? Porque así se le exigió al PP y así se decía en el programa electoral del PSOE: hay que cambiar el modelo de crecimiento, sustentado en la construcción y en el consumo interno. Poco se ha hecho para este cambio. Las empresas deben recuperar capacidad de libertad económica frente al arbitrismo de los poderes públicos: pero la forma en que se ha llevado el asunto de las OPAS sobre Endesa, o las interferencias ante el intento de la constructora Sacyr de controlar el BBVA, no inducen al optimismo tampoco en este terreno.