Otra derrota del Gobierno fuerza el debate para igualar renta básica y salario mínimo

El Parlamento tomó ayer en consideración una proposición de ley socialista para equiparar la renta básica al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La iniciativa contó con el apoyo de toda la oposición y el rechazo del tripartito, que encaja así una nueva derrota. Los partidos del Gobierno argumentaron que si se igualan las dos rentas se desincentiva el trabajo porque van a cobrar lo mismo las personas en paro que las que tienen empleo. Se abre ahora el periodo de debate en la Cámara que, de prosperar, obligará al Gobierno a modificar la Ley de Exclusión Social en contra de su criterio.

El salario mínimo asciende actualmente a 521 euros mensuales brutos y el compromiso adquirido por el Gobierno es aumentar este año la cuantía de la renta básica hasta alcanzar el 87% de dicha cantidad. Según el Ejecutivo, ese porcentaje "conjuga y garantiza el doble derecho a una protección social suficiente y a la inserción sociolaboral".

La derrota que encajó el tripartito se veía venir. En noviembre ya rechazó una propuesta similar. La diferencia es que en aquella ocasión se trató de una proposición de ley que aprobó la Cámara en la que instaba al Gobierno, pero sin un carácter de obligación. La renuencia del Ejecutivo a aplicarla ha llevado ahora al PSE a presentar la proposición de ley. Los partidos reprodujeron en el debate de ayer los argumentos de hace cuatro meses, aunque en esta ocasión el tripartito se cruzó reproches más duros con la parlamentaria socialista autora de la propuesta, Gemma Zabaleta.

El tripartito acusó a Zabaleta de hacer demagogia, recurrió reiteradamente al argumento de la desincentivación del trabajo y abogó por una reforma global del sistema en lugar de ir poniendo parches. En esta línea, le recordó que hace dos meses se constituyó una ponencia en el Parlamento para analizar los distintos modelos que existen hoy sobre la renta básica y sus diferentes implicaciones en el campo económico, fiscal, formativo, ético y sociológico. La portavoz de Ezker Batua, Kontxi Bilbao, reclamó "coherencia" al PSE porque las medidas puntuales y de carácter exclusivamente económico no "resuelven el problema". "Lo que plantea el PSE es como poner una tirita en una hemorragia. La herida no va a dejar de sangrar. Existe una ponencia y es ahí donde hay que abordar las soluciones globales", añadió.

Desde el PNV, Covadonga Solaguren desglosó las bondades del sistema de protección social de Euskadi, comunidad que fue la primera en implantar un salario social y que actualmente está garantizado por ley. Solaguren apuntó que equiparar la renta básica con el Salario Mínimo Interprofesional "desincentiva" a las personas que tienen un empleo. Para reforzar este argumento, resaltó que en el País Vasco el 25% de los trabajadores están cobrando el salario mínimo. "Se trata de incentivar el trabajo y no las subvenciones, porque de lo que se trata es de conseguir ciudadanos autónomos y responsables".

Tanto el PNV como Ezker Batua y Eusko Alkartasuna recordaron al PSE que la mayoría de los perceptores de la renta básica se engloban en los colectivos de inmigrantes, jóvenes con contratos precarios y mujeres viudas que cobran unas pensiones mínimas. Es decir, todo responsabilidad, indican, del actual Gobierno socialista. "El Ejecutivo central es el que tiene las competencias para mejorar las condiciones de vida de estos grupos de personas", puntualizó Solaguren. "La inmigración y la regularización de los sin papeles corresponde al Estado, mejorar la legislación para evitar los contratos precarios también. Lo mismo pasa con las pensiones de viudedad", remató la parlamentaria del PNV.

"Vagos y maleantes"

Zabaleta, quien en su primer turno se limitó a presentar la propuesta,

se enojó con las críticas que le lanzó el tripartito y respondió con dureza en su segunda intervención. "Lo que nos separa [a los socialistas] de ustedes [por el tripartito] son unas profundas diferencias ideológicas y de fondo. Para ustedes, las personas que cobran la renta básica son vagos y maleantes que al parecer están encantados de cobrar ese dinero en lugar de tener un empleo". A continuación, echó en cara al tripartito su "empeño" en lanzar balones fuera y transferir todas las responsabilidades al Gobierno central: "Euskadi dispone de un amplio abanico de competencias. Lo que tiene que hacer el Gobierno vasco es invertir más dinero en empleo de calidad y ejercer las competencias".

A pesar de los reproches cruzados entre socialistas y tripartito, Zabaleta mostró la disposición de su partido a cerrar acuerdos de fondo en política social. Aralar y EHAK advirtieron de que la lucha contra la pobreza supone una prioridad. Mientras, el PP apoyó la proposición de ley más por un acto de cortesía parlamentaria que por una coincidencia política. Su representante, Fernando Maura, precisó que ese apoyo inicial no presupone la posición que adoptará en el debate que se abre ahora.