El sueldo de 31.600 personas sin recursos

El plan contra la pobreza promovido en 1989 por el Gobierno del lehendakari José Antonio Ardanza supuso la implantación de un salario social para familias carentes de recursos económicos. Con el paso del tiempo este subsidio ha cambiado de denominación y ahora se conoce con el nombre de renta básica y, además, ha pasado a ser un derecho reconocido por la Ley de Exclusión Social. Es decir, su pago no se encuentra sujeto a lo que disponga el Gobierno un año u otro, sino que todos los ejercicios debe habilitar el dinero.

Sus perceptores deben estar censados desde un año antes en cualquier municipio del País Vasco, tener al menos 23 años y carecer de recursos. Uno de los requisitos es la certificación de esa necesidad, expedida por los servicios sociales de base del ayuntamiento en el que el peticionario esté empadronado. La cuantía de la renta básica garantiza actualmente el 87% del Salario Mínimo Interprofesional, que este año alcanzará los 521 euros brutos mensuales. La cantidad va aumentando según el número de miembros de la familia. De esta forma, puede llegar a los 655 euros al mes para una familia de dos personas; asciende a 715 cuando son tres y a 748 cuando hay cuatro miembros.

Desde el año 2001, se ha ido incrementando progresivamente su cuantía y ha pasado de suponer el 75% del salario mínimo ese ejercicio al 87% de 2006. De igual manera, el número de perceptores también ha crecido sin parar. En el año 2001 eran 18.700 y en 2005 se contabilizaron 31.600. La mayor parte de los beneficiarios, según las estadísticas que maneja el Departamento de Empleo, del que depende la concesión de la renta, son inmigrantes, jóvenes que sufren la precariedad laboral y viudas que cobran una pensión mínima. En 2005, se destinaron alrededor de 134 millones de euros al pago de la renta básica, cuando su cuantía suponía el 84,5% del salario mínimo.

Ésta no es la única ayuda que concede el Gobierno vasco para atender a los más desfavorecidos de la comunidad. Las Ayudas de Emergencia Social (AES) representan una línea de subvenciones que complementa a la renta básica. Su objetivo es paliar urgencias puntuales en materia de vivienda, por ejemplo, hacer frente al alquiler, gastos urgentes por trabajos de reparación en el domicilio o la compra de algún electrodoméstico indispensable.

Durante 2005, más de 23.000 personas solicitaron cobrar una ayuda de este tipo, cuyo importe varía desde los 1.082 euros a los 3.360 anuales. La partida habilitada por el departamento que dirige Joseba Azkarraga alcanzó los 25 millones de euros y para este año se ha aumentado hasta 30 millones, aunque siempre puede crecer más si se considera necesario.