El Congreso aprueba con amplio consenso la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer con el consenso de todos los grupos parlamentarios excepto el PNV y ERC, que optaron por la abstención, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual para su debate en el Senado. No se trata de una reforma en profundidad: es una adaptación a una directiva europea sobre la sociedad de la información -incorporada con casi tres años de retraso a la normativa actual- y a la actualidad. Las principales novedades de la reforma son la nueva regulación del régimen de copia privada y el derecho de puesta a disposición interactiva.

"La incorporación de esta directiva es esencial para garantizar la protección de los derechos de autor ante las posibilidades que brinda la sociedad de la información y se hace necesaria una armonización y actualización de la normativa en esta materia", dijo ayer ante el pleno del Congreso la ministra de Cultura, Carmen Calvo.

Y es que la revolución tecnológica alteró la apacible existencia de la propiedad intelectual, y los legisladores siguen buscando fórmulas para encontrar el equilibrio entre los derechos de los autores y los de los consumidores. En 1992, en España empezaba a aplicarse un canon -remuneración compensatoria por copia privada- que pagaban los fabricantes y distribuidores a los soportes de grabación analógicos. Más tarde, aproximadamente en el año 1999, Internet y los soportes digitales empezaron a cobrar fuerza y desbarataron un panorama que, aún hoy, se sabe débil ante el inexorable avance de la revolución digital.

Ante esta situación, la Unión Europea (UE) redactó en 2001 la Directiva 2001/29/CE sobre la Sociedad de la Información, que todos los países debían transponer a sus respectivas legislaciones en un año. España está aún en ese punto: con un retraso de más de tres años el pleno del Congreso aprobó ayer con amplio consenso -sólo el PNV y ERC se abstuvieron- la reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, que ahora se remitirá al Senado.

El 22 de julio de 2005 comenzó la carrera de trámites para incorporar la norma europea. Las principales novedades son la nueva regulación de la normativa de la copia privada, y el derecho de puesta a disposición interactiva.

Los parlamentarios son conscientes -y así lo manifestaron- de que, en estos momentos, no existe una fórmula para controlar la copia privada -que la normativa actual define como copia que una persona física hace para su uso privado y a partir del original-. Y la solución tiene nombre de canon: este pago ya se aplica desde 1992 a los soportes de grabación analógicos, y la reforma consolida el canon en los digitales. Además, introduce una distinción entre el entorno analógico y el digital pues en este último entorno "la copia privada se propaga mucho más y, en consecuencia, tiene un mayor impacto económico", según el texto.

No obstante, "la decisión definitiva sobre los equipos, aparatos y soportes sujetos al pago del canon se establecerá por una orden conjunta del Ministerio de Cultura y de Industria", señaló la ministra.

Quedan excluidos del canon los discos duros de ordenador y las conexiones ADSL, que se incluirán en una inminente orden ministerial.

Otra gran novedad es el derecho de puesta a disposición interactiva, que establece que cualquier persona puede acceder a las obras en el momento y el lugar que elija. En consecuencia, los autores, intérpretes, productores y entidades de radiodifusión podrán cobrar una compensación por esta disponibilidad de sus obras.

PSOE, PP, CiU, IU-ICV, Grupo Mixto y Coalición Canaria se mostraron favorables al texto de la reforma, aunque todos señalaron mejoras y matices que esperan poder incorporar en el futuro. "Suponemos que ninguno de los agentes del sector estará totalmente contento, habrá otros quizá insatisfechos, pero en general estamos contentos con la ley", aseguró la portavoz del Grupo Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones.

PNV y ERC prefirieron la abstención por varias razones: consideran que la reforma no atiende a buena parte de sus reivindicaciones y coinciden en que la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías podría haberse abordado ya.

En el tintero queda la reforma integral de la LPI -que la ministra pretende debatir antes de fin de año- y otros asuntos importantes, como la distribución de competencias, la creación de una comisión arbitral de la Propiedad Intelectual y la mejora de la transparencia de las entidades de gestión.