La Generalitat estudia prescindir de las cuotas de pantalla en la ley del cine

El ejecutivo, con voluntad de pacto, empieza a negociar la norma con los exhibidores

El borrador de la nueva ley autonómica de fomento del cine catalán -cuyo texto ha sido pactado por el PSC y ERC- prevé cuotas de pantalla para el cine catalán, tanto el filmado en esta lengua como el de producción catalana, independientemente del idioma en el que haya sido rodado. Sin embargo, antes incluso de empezar a debatir la norma con el sector, fuentes cercanas al Departamento de Cultura han admitido que, en aras del consenso, al final de la negociación el término "cuota" podría ser sustituido por "recomendación", siempre y cuando haya un compromiso claro y explícito por parte de los exhibidores de apoyo al cine catalán, que es, al fin, según estas fuentes, el objeto de la futura ley.

Una reunión entre los impulsores de la ley y representantes de los exhibidores cinematográficos abre hoy la tanda de negociaciones previstas en los próximos meses. El objetivo es que el proyecto entre en el Parlamento autonómico el próximo mes de junio como máximo, para que pueda empezar a ser discutido a la vuelta de vacaciones.

El asunto de las cuotas de pantalla de cine catalán -las salas de Cataluña, según el borrador de la ley, deberán proyectar, dentro del año, obras cinematográficas catalanas en una proporción de al menos un día por cada 20 de exhibición de filmes de otras procedencias, y en catalán (versión original, dobladas o subtituladas), como mínimo de un día por cada 10- es a priori el más peliagudo de esta regulación, que conlleva régimen sancionador por el incumplimiento.

Fórmulas

Con todo, fuentes próximas al Departamento de Cultura han asegurado que su representación acudirá hoy al encuentro con los exhibidores con voluntad de pacto y con el deseo de encontrar, alternativamente a las cuotas si es necesario, fórmulas que garanticen la presencia de las producciones catalanas en la cartelera. Estas fórmulas podrían incluir ayudas por parte de la Administración autonómica, por ejemplo, a la digitalización de las salas a cambio de conseguir visibilidad para el cine catalán.

El gremio de exhibidores no se ha pronunciado oficialmente sobre el borrador, pero, en privado, algunos empresarios no ocultan que la Generalitat "deberá bajar mucho el listón" si pretende lograr su visto bueno a la ley. "Todos estamos a favor del cine catalán, pero no se puede imponer a golpe de sanciones. Lo que hay que hacer es dialogar", dice una fuente del sector.

Además de las mencionadas cuotas de pantalla -la ley estatal (15/2001) de Fomento y Promoción de la Cinematografía también las contempla para obras de origen europeo-, el borrador de la ley autonómica define la "obra cinematográfica catalana" a efectos de recibir ayudas de la Generalitat para el fomento del cine autóctono, que no excluyen otras subvenciones oficiales. Así, se determina que lo es aquella película producida por uno o más productores catalanes -con sede social en Cataluña-, en la que el director y el guionista o el autor de la banda sonora sean "ciudadanos catalanes" y cuyos equipos artístico y técnico estén integrados por al menos un 50% de residentes en Cataluña, y que un mínimo del 50% de los gastos de laboratorio y posproducción se hagan en dicha comunidad autónoma. En estas circunstancias se hallan tres películas que en 2005 subieron hasta un 36% la cifra de espectadores a filmes catalanes: Tapas (274.480), de José Corbacho y Juan Cruz; Princesas (230.147), de Fernando León, y La vida secreta de las palabras (148.014), de Isabel Coixet.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 16 de marzo de 2006.

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