Mezquindad y oportunismo

En la mitología griega los muertos debían beber de la fuente del olvido, para perder la memoria del pasado, antes de alcanzar una nueva vida. Ezker Batua, al integrarse en el Gobierno tripartito vasco con organizaciones nacionalistas de derechas, olvidó sus orígenes y confundió su memoria, llegando a negar que la permanencia en los batallones disciplinarios creados por el régimen franquista tras la Guerra Civil constituyó privación de libertad, ahorrándose de paso la indemnización correspondiente a los afectados. Han sido necesarios más de tres años, una resolución del Parlamento vasco, el informe del Ararteko, decisiones de otras comunidades autónomas, informes de prestigiosos historiadores, una sentencia del Tribunal Constitucional y la denuncia y recurso judicial de cientos de personas de avanzada edad, individualmente o a través de asociaciones como Geureak, para que el Gobierno vasco se haya sentido obligado a beber del manantial de la memoria y reconocer que su gestión del decreto de compensación a las víctimas del franquismo ha vulnerado, en la forma y en el fondo, la dignidad y el dolor de tantas personas afectadas.

Las injusticias en la aplicación del decreto van más allá de los batallones disciplinarios

Una de estas personas, natural de Rentería, tenía 20 años cuando estalló la Guerra Civil. En defensa de la legalidad republicana se alistó en el Ejército y luchó hasta la ocupación de Madrid en marzo de 1939. Poco después fue apresado y conducido al Campo de Concentración de Prisioneros de Guerra de San Sebastián. Más tarde, al Depósito de Concentración de Miranda, al de Miguel Unamuno en Madrid y, finalmente, al Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 28. En él realizó trabajos forzados en el aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) y otras obras públicas, y el 28 de octubre de 1942 fue destinado al Regimiento de Infantería numero 71, hasta que en mayo de 1943 quedó en libertad. Cuatro años permanentemente vigilado, pasando hambre, frío, agresiones, humillaciones y castigos complementarios.

Seis décadas más tarde, su viuda, de 87 años, consideró que cumplía los requisitos para solicitar una compensación por los años de privación de libertad sufridos por su compañero, al amparo del decreto dictado por el Gobierno vasco. Un decreto que pretendía ser más flexible y progresista que la restrictiva ley socialista 4/1990 en favor de los que sufrieron privación de libertad durante el franquismo, que había dejado fuera a muchos de los afectados.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno vasco, breve y escueta, denegó su solicitud por considerar que diversas órdenes franquistas equiparaban la permanencia en batallones disciplinarios con el servicio militar. Una interpretación contraria a la realidad histórica, a la justicia y al espíritu y letra de su propio decreto; pero sobre todo una interpretación vergonzante, avalada por un consejero que se declara de izquierdas.

Ahora, después de haber obligado a la interesada a reclamar a la justicia, el Gobierno vasco da marcha atrás; pero lo hace, nuevamente, con la misma falta de tacto y sensibilidad con la que ha actuado hasta el momento. En lugar de enviar un escrito reconociendo el derecho a la indemnización, asumiendo los costos judiciales y compensando el perjuicio moral causado con su actitud, han remitido un texto frío y de difícil comprensión por el que dicen que van a revocar su anterior decisión y dan un plazo para que se hagan alegaciones, sin explicar en qué términos van a dictar una nueva resolución.

El decreto del Gobierno vasco nació con la pretensión de proporcionar algo más que una indemnización por un perjuicio ya irreparable. Por eso el trámite administrativo de revocación es insuficiente, si no se pide disculpas a todas y cada una de las personas agraviadas. Pero, además, las injusticias en la aplicación de este decreto van mas allá de los batallones disciplinarios, porque más de un 60% de las solicitudes ha sido denegado.

Antonia, octogenaria, es un ejemplo. Con veintiún años y embarazada, fue encarcelada por ser la compañera de un "rojo" fusilado. Cuando presentó su solicitud, la consejería de Asuntos Sociales se la denegó alegando que no había probado que su privación de libertad fuera debida a motivos ideológicos, porque en el justificante carcelario ponía: "De seis meses a tres años por aplicación Ley de vagos", justamente una de las leyes que sirvió para enmascarar la represión franquista.

Con el paso del tiempo, el testimonio directo, la memoria viva, se van fundiendo como los copos de nieve en la palma de la mano; igual que las expectativas creadas por el Gobierno socialista hace dos años, cuando se comprometió a aprobar una Ley de la Memoria Histórica en el plazo de un año.

La campaña del Ejecutivo vasco de recordar y reivindicar la legalidad republicana en el 70 aniversario de la Guerra Civil puede ser un buen pretexto para cambiar de actitud y reparar el daño hecho, siempre que se cuente la verdad y se explique por qué, en el momento decisivo, el PNV decidió entregar a los fascistas, intactas y sin resistencia, la industria pesada y las fábricas de armamento en Bilbao y San Sebastián. Y y por qué un verano de 1937, mientras trabajadores vascos, catalanes o andaluces, luchaban codo con codo contra el fascismo, el PNV firmaba en Santoña la rendición ante las tropas italianas, aliadas de Franco, a las que entregaron las armas de los batallones vascos.

Siendo cierto que en el corazón de todos los inviernos late una primavera palpitante, también lo es que todo tiene un límite en esta vida, especialmente la prepotencia, el abuso o la humillación. Como alguno de los afectados dijo: "No se trata de dinero. Sólo queremos que se escriba la historia y nos den en ella el lugar que nos corresponde".

José Arturo Val del Olmo es abogado y sindicalista.