El Superior rechaza paralizar la liquidación de las cámaras urbanas

Los anteriores responsables de las tres cámaras de la Propiedad Urbana han recibido un nuevo revés judicial, al rechazar el Tribunal Superior paralizar cautelarmente el decreto que las liquida como corporaciones de derecho público. Es más, el Superior les quita legitimidad para recurrir contra la Administración de la que ahora dependen. Los ex responsables de la Cámara de Guipúzcoa han interpuesto un recurso de súplica ante el mismo tribunal por considerar vulnerado el derecho de asociación.

En un auto notificado a finales de febrero a las partes, el Superior rechaza paralizar cautelarmente el proceso de liquidación de las tres entidades que abre el decreto del pasado 31 de enero. El fallo va en sus argumentaciones más allá y considera que la única personalidad jurídica de las cámaras es la que les otorga el derecho público. Extinguida esta situación, sus anteriores responsables no pueden apelar al derecho asociativo para mantenerse como asociaciones voluntarias o recurrir judicialmente la vulneración de sus derechos. Esa opción ya fue rechazada por los tribunales cuando la Cámara alavesa intentó poner en marcha el proceso electoral interno para renovar su junta de gobierno.

La actual situación es que las cámaras se hallan intervenidas por el Gobierno e inmersas en un proceso de liquidación de su personal y patrimonio. Los trabajadores que los deseen se incorporarán como funcionarios, mientras que parte del patrimonio se quedará en el sector público. Unas auditorías que analizaron las cuentas de las entidades entre 1999 y 2003 pusieron en guardia al Gobierno. Irregularidades en la gestión y unas estructuras de gastos desproporcionadas para los ingresos que tenían, les hicieron perder en ese plazo 1,9 millones de ueros de un patrimonio que se acercaba a los 19.

El Superior explica en su fallo que la base asociativa voluntaria "tiene que constituirse de nuevo" con los propietarios urbanos".

Sin embargo, la anterior cúpula de la entidad de Guipúzcoa, que en el momento de su liquidación presidía Ignacio Iturzaeta, sostuvo ayer en una nota que la personalidad jurídica asociativa de ésta es "indiscutible". Para la extinta institución de propietarios, la sentencia no se sostiene "al haber actuado las cámaras ininterrumpidamente en el tráfico jurídico y haberles sido reconocida esa personalidad jurídica en infinidad de ocasiones por el propio Gobierno vasco".

"Absurdo"

Los ex responsables de la Cámara indican que han recurrido en súplica para evitar el "absurdo" de, por ejemplo, "tener que devolverse el total de las cuotas abonadas por los socios, o tener que revisarse la totalidad de los contratos o compromisos adquiridos por la Cámara en todos estos años".

La sentencia no cuestiona el pasado de las entidades de Propiedad Urbana, sino su presente y el futuro, al citar que a partir de este momento "los miembros o socios de las cámaras pueden constituir una asociación privada de conformidad con la normativa legal". A renglón seguido, no deja lugar a la duda al rechazar la paralización del decreto: "No estamos ante un supuesto de una asociación que pueda hacer valer el derecho fundamental del artículo 22 de la Constitución y por ello han de desestimarse" sus pretensiones.