La reformada Directiva Bolkestein
El 13 de enero de 2004, el muy liberal comisario europeo Frits Bolkestien, presentó una proposición de directiva relativa a la liberalización de los servicios en el mercado interior con un intitulado lacónico detrás del cual se esconde una verdadera empresa de desregulación y de liberalización de todas las actividades de servicios en Europa, incluidos los servicios públicos. Así, la salud, la educación, la cultura, los medios audiovisuales, los servicios de los poderes locales, etc. se consideran como puras mercancías y, en consecuencia, deben someterse a las leyes del mercado sin que se pueda tener en cuenta su carácter específico ni su objetivo social. Es muy duro e inaceptable que servicios tan divergentes como pueden ser un despacho de arquitectos y un hospital puedan ser considerados al mismo nivel. Para el comisario Bolkestein, simplemente, se trata de suprimir los obstáculos que dificultan las actividades de servicios y el buen funcionamiento del mercado interior.
El binomio CES y Parlamento Europeo interesa sobremanera al movimiento sindical
Este proyecto de Directiva de Servicios no era, ni mas ni menos, que una puesta en entredicho del modelo social europeo, y esto a despecho de las reglas democráticas, sometiendo a los intereses del mercado y de la concurrencia el derecho de los poderes públicos de enmarcar y defender un cierto modelo de sociedad. Las consecuencias eran catastróficas para el conjunto de la ciudadanía europea: una incitación a la puesta en marcha de prácticas de dumping social, fiscal y medio ambiental a gran escala; fuertes presiones sobre las conquistas sociales: salarios hacia abajo, duración del trabajo al alza, flexibilidad en aumento; la transformación de la salud, la educación, la cultura y el audiovisual en simples mercancías sometidas a las leyes de mercado; privatización y liberalización de facto, y sin posibilidad de retorno, de los servicios públicos. En definitiva, tal como ha expresado el conjunto del sindicalismo europeo, era un proyecto de directiva que contenía la desestructuración del mercado de trabajo en Europa, la desregulación de los derechos de los trabajadores, la institucionalización del dumping económico, social y medioambiental, una amenaza a la supervivencia de servicios públicos de calidad y la sumisión de la seguridad social a los exclusivos imperativos del mercado.
Después de un largo proceso de movilizaciones sindicales y ciudadanas convocadas por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), el pasado 16 de febrero el Parlamento Europeo modificaba en primera lectura la propuesta inicial de la directiva con profundas y sustanciales reformas, fruto del resultado de las negociaciones directas de la CES con el Grupo Socialista, inicialmente y, posteriormente de éste con el Grupo Popular Europeo. El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha calificado el resultado de estas negociaciones como "una victoria para la democracia". La CES y todas sus organizaciones afiliadas han hecho de este tema, el asunto central de sus actividades y de su lucha en el último año, ya que el modelo social europeo estaba en juego. Analicemos los contenidos de las enmiendas que cambian el proyecto de directiva.
Sin duda alguna, la enmienda más importante ha sido la supresión del principio del "país de origen", por el de la libertad de prestar servicios respetando la legislación, y en particular las normas sociales, del país en que se prestan. Queda rechazado el que una empresa de un país que presta sus servicios en otro pueda aplicar la legislación del país de origen. Esto es lo que se denominó el mito del fontanero polaco, como símbolo del dumping social, que implicaba la posibilidad de exportar trabajadores con salarios bajos y menor protección social. Asimismo, en las enmiendas introducidas se deja claro que la norma "no afectará al derecho laboral ni, en particular, a las disposiciones relativas a la relaciones entre los interlocutores sociales, incluido el derecho de llevar a cabo acciones y el derecho a establecer convenio colectivos". Tampoco afectará a las legislaciones de seguridad social. La directiva "no se aplicará o afectará al derecho laboral, como por ejemplo, cualquier disposición legal o contractual relativa a las condiciones de empleo o de trabajo, incluida la salud y seguridad en el trabajo o las relaciones entre empleadores y trabajadores". Respetará el derecho a negociar y no afectará tampoco a las legislaciones nacionales de seguridad social.
Podemos estar satisfechos con el resultado que se ha obtenido con esta directiva en el trámite parlamentario. El binomio CES- Parlamento Europeo interesa sobremanera al movimiento sindical. Es la expresión institucional de un reformismo útil. Ya lo comprobamos en enero, cuando se rechazó la Directiva sobre los derechos portuarios, en cuya tramitación el Parlamento Europeo demostró un papel decisivo en el proceso legislativo. Hay que valorar que esta Directiva de Servicios ya es otra cosa: no afecta al derecho laboral ni de seguridad social. Respeta la negociación colectiva y las relaciones laborales de los estados miembros. Excluye el "principio del país de origen", por lo cual, el país de acogida tiene derecho a regular medidas de supervisión sobre los servicios prestados en su territorio. No afecta a servicios que persiguen un objetivo social. No se aplica a la liberalización de los servicios de interés económico general ni afecta a la libertad de definir tal servicios o como se organizan en cada Estado. No obstante, hay que seguir vigilantes para que el Consejo Europeo no la debilite.
Un sector de la opinión pública europea, especialmente en las instituciones, la CES, algunos grupos políticos y gobiernos, se esta planteando la necesidad de reabrir el debate del tratado constitucional, ya que afirman que si el Tratado estuviera en vigor con fuerza jurídica, esta Directiva no se habría elaborado y presentado al Parlamento Europeo en los términos en los que se ha realizado, por considerarla contraria la Capitulo I y II del actual Proyecto del Tratado Constitucional. Esto es una afirmación de profundo calado, no compartida por algunos grupos políticos que rechazaron la Directiva y propugnaron su retirada. Pero ahí queda dicho posibilismo reformista en la actual correlación de fuerzas.
La CES está adquiriendo cada vez más un protagonismo importante en la defensa supranacional de los intereses de los trabajadores y trabajadoras europeos. Su reconocimiento y prestigio en este trabajo conjunto con las instituciones europeas así lo atestiguan. Un reformismo útil nos obliga a seguir empujando y trabajando por una CES con mas poder, más responsabilidad supranacional en la búsqueda de mejores resultados, en la defensa permanente del modelo social europeo. Conviene aprender del trabajo realizado.
Carlos Trevilla es representante de UGT en el Consejo Económico (CES) vasco.
