Bachelet cambiará el sistema electoral y la seguridad social

"Sabemos que en cuatro años no vamos a resolver todos los problemas, pero vamos a dar un paso adelante". La nueva presidenta chilena, Michelle Bachelet, advertía el sábado ante miles de simpatizantes sobre la mayor dificultad de su Gobierno: la menor extensión de su mandato, de sólo cuatro años -dos menos que su antecesor-, y la magnitud de las reformas que quiere llevar a cabo.

Desde hoy, la nueva mandataria se ha puesto un límite de 99 días para poner en marcha 36 importantes medidas; entre ellas, el cambio del sistema electoral, un aumento de las pensiones y salud gratuita para los mayores de 60 años.

Las reformas constitucionales aprobadas en 2005 permitieron la eliminación de los senadores designados, un resquicio de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que aseguraba a la derecha mayoría o empate en el Senado; y en el pacto de las enmiendas se introdujo una considerable reducción -de un tercio- en el mandato del presidente. "Tenemos poco tiempo", reconocía el ministro portavoz del Gobierno, Ricardo Lagos Weber, hijo del ex presidente Lagos.

Con esta premisa, Bachelet quiere que esta misma semana se envíen al Congreso los primeros proyectos legislativos en materia de protección social, en los cuales los equipos técnicos de la Concertación, la coalición gobernante de socialistas y sus aliados democristianos, están trabajando desde hace meses.

El proyecto estrella de Bachelet es la reforma del sistema de pensiones privado que puso en vigor la dictadura en 1980, y que ha sido adoptado en varios países de América Latina, y en EE UU lo propone la Administración de Bush. El diagnóstico, en el que existe consenso, es que con el sistema de capitalización individual en las administradoras de fondos de pensiones (AFP), uno de cada dos trabajadores no cotiza para su vejez, por lo que tendrán pensiones muy bajas y deberán recibir subsidios del Estado.

La discusión está concentrada en las soluciones, entre quienes piensan que el esfuerzo deben hacerlo los trabajadores -con más periodo de cotización- o el Estado, mediante subsidios y mejorando el mercado laboral.

También esta misma semana la nueva presidenta quiere que se solucione la nominación del magistrado de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Cerda, para el Tribunal Supremo; una propuesta que Bachelet hereda de Lagos y que necesita del voto afirmativo de los dos tercios del Senado, cámara en la que, aunque la concertación tiene mayoría, necesita de los votos de la derecha. Cerda es el juez que encabeza la investigación del llamado caso Riggs, por las cuentas secretas en el exterior, que Augusto Pinochet mantuvo en este banco estadounidense y en otras entidades financieras, y por las cuales está procesado junto con toda su familia.

La reforma del sistema electoral binominal, diseñado por la dictadura para asegurar a la derecha la mitad del Senado, es otro tema en que la nueva Administración requerirá de los votos de la oposición. Como a este sistema se agregaban los senadores designados, la coalición gobernante estuvo en minoría o empate durante 16 años en el Senado, a pesar de que en las urnas siempre ha ganado desde el retorno a la democracia en 1990.

Pendiente de imprimir desde el primer momento su sello personal en el ejercicio del mando y de distanciarse a la vez tanto de la influencia de los cuatro partidos políticos que forman la concertación como de la sombra del ex presidente Ricardo Lagos, Bachelet ha elegido un equipo para llevar adelante su labor formado por 10 hombres y 10 mujeres.