El síndico mayor insta a aprobar una ley que acabe con la opacidad contable de los partidos
La Sindicatura apremia a limitar los donativos anónimos que reportaron 20,8 millones a CiU
Sólo con una nueva ley de financiación de los partidos políticos y sobre el sistema electoral de Cataluña se evitarán las endémicas irregularidades en las cuentas de las formaciones catalanas. Así lo defendió ayer el síndico de cuentas, Joan Colom, en el Parlament ante los representantes de los cinco grupos parlamentarios, a los que instó a aprobar leyes con el fin de poner orden en las discutidas cuentas de las formaciones. Colom, que presentó el informe de la sindicatura sobre los gastos de la campaña electoral de 2003, también apremió a eliminar o limitar los donativos anónimos, una fórmula que reportó 20,8 millones de euros a Convergència i Unió entre 1992 y 2001.
El responsable de la institución que fiscaliza las cuentas de los organismos públicos catalanes y de los procesos electorales, Joan Colom, acudió ayer al Parlament para presentar el informe sobre los comicios autonómicos de 2003, que revela, entre otras cosas, que CiU sobrepasó en un 40% el límite establecido para la publicidad radiofónica.
Tras exponer estos puntos y recordar que todos los partidos han incurrido alguna vez en algún tipo de falta (véase EL PAÍS del 2 de febrero), Colom dictaminó que esta situación difícilmente será corregible sin una nueva ley que limite claramente los gastos en campaña y fiscalice sistemáticamente las cuentas de los partidos, una tarea hasta la fecha reservada al Tribunal de Cuentas. Por eso pidió a los representantes de todos los partidos que se pongan las pilas: "La ley electoral catalana continúa sin existir y sería bueno que muchas de estas cosas estuvieran resueltas",
La sesión de ayer amenazaba con derivar en un reguero de descalificaciones entre todos los partidos, pero no fue así. La moderación de los comentarios fue la tónica dominante. Entre otras cosas porque el representante de CiU en la comisión, Jordi Turull, abrió el turno de intervenciones con una moderada crítica al hecho de que el PSC financiara una parte de la campaña de Pasqual Maragall con la venta de tickets para asistir a cenas con el candidato. En total, 219.000 euros. Una práctica legal a la que le faltó incluir el número de DNI de todos y cada uno de quienes compraron los bonos para asistir a las cenas.
Ejerciendo una templada crítica sobre este hecho, los nacionalistas consiguieron salir con pocos rasguños de un debate al que acudían con una losa de no poca envergadura sobre sus cabezas. Ni más ni menos que la constatación de haber gastado un 40% más de la cuenta en publicidad radiofónica durante la campaña de Artur Mas.
Pero algunos reproches tuvieron que oír. Jordi Terrades, del PSC, espetó a los representantes de CiU: "Ni contratando más publicidad de la que tenían permitida, maquillando sondeos de opinión y ocultando encuestas de presidencia lograron ganar las elecciones". Esto antes de recordarles que CiU es el partido español que más donaciones anónimas ha recibido en los últimos años. Esquerra Republicana también criticó los números de CiU y se defendió de las críticas del informe de la sindicatura sobre los retrasos en que incurrió a la hora de pagar parte de sus deudas electorales. El republicano Jordi Turull trató de defenderse asegurando que ERC está acostumbrada a los retrasos. "Todavía esperamos que se nos devuelvan los locales incautados durante la Guerra Civil", dijo.
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