El Gobierno de Pujol pagó 8.700 euros por un estudio que buscaba cambiar la ley electoral en beneficio de CDC

Un total de 1.450.000 pesetas de la época. O lo que es lo mismo: 8.714 euros. Esta es la cantidad que pagó el Gobierno de Jordi Pujol por un estudio sobre posibles cambios en el sistema electoral catalán y cuyas recomendaciones, que perjudicaban a la oposición, y también a Unió Democràtica, fueron censuradas antes de ser enviadas al Parlament a finales del año 2000. El estudio, cuyo precio no se ha podido conocer hasta ahora, forma parte de los 142 sondeos y encuestas que el anterior Gobierno guardó en el archivo del Departamento de Presidencia y que ahora han salido a la luz. Buena parte de ellos buscaban perpetuar en el poder a la federación nacionalista mediante un minucioso examen de la realidad catalana a través de informes que, pese a ser pagados con dinero público, nunca pudieron ser consultados por la oposición.

Este estudio sobre cambios en la ley electoral sugería, por ejemplo, elevar al 5% el umbral mínimo para obtener un escaño en el Parlament, situado hoy en el 3%. "Como el umbral del 5% es difícil de obtener, este sistema dificultaría la perviviencia de partidos pequeños que pugnan con CDC; por ejemplo, haría difícil que Unió decidiera presentarse en solitario y probablemente habría provocado la desaparición de ERC en la década de 1980", afirmaba el documento.

Otro estudio cuyo precio ha trascendido ahora es el que pretendía analizar la percepción que el conjunto de los españoles tenían sobre los catalanes: 11.419 euros. Y otro sobre el seguimiento del debate de política general de octubre de 2000, en el que Maragall salía mejor valorado que Pujol. La encuesta costó 9.481 euros.

El Gobierno catalán continúa investigando este asunto con el objetivo de conocer el coste exacto que la particular política demoscópica de CiU tuvo para las arcas públicas. La investigación, dirigida por el secretario general de Presidencia, Ramon Garcia-Bragado, está topando con dificultades añadidas por el hecho que muchas facturas no concuerdan con los sondeos publicados.