Un escalón demasiado alto

Cada mañana, Juan Carlos Martínez, un madrileño de 28 años, sube a su coche adaptado y conduce sin problemas desde Rivas Vaciamadrid, donde vive, hasta su trabajo, cerca de la madrileña Glorieta de Embajadores. Su dominio de la silla de ruedas hace pensar que debe haber pocos lugares a los que no pueda acceder. Pero sí que los hay. Muchos de ellos son oficinas de bancos En numerosas sucursales ni siquiera puede cruzar la puerta principal.

La experiencia de Juan Carlos es representativa de lo que sufren decenas de miles de discapacitados como él. "Cada vez que voy al banco es un sudor", dice. Internet y el teléfono son sus opciones preferidas para hacer operaciones, pero, aún usando estos recursos hasta el límite de sus posibilidades, es inevitable que tenga que acercarse a alguna oficina de vez en cuando, sea para firmar algún documento o simplemente para retirar dinero. En esos casos tiene que pedirle a su mujer o a algún amigo que lo acompañe. Usar los cajeros automáticos también le resulta complicado. Según su estimación, en nueve de cada 10 es difícil operar, cuando no imposible.

Existen normas que exigen la reforma de accesos, pero son muchos los incumplimientos

En muchos casos, la prueba de accesibilidad se suspende sin entrar siquiera a la oficina

No hay que desplazarse mucho para constatar las afirmaciones de Juan Carlos. En muchos casos el examen de accesibilidad se suspende sin necesidad siquiera de ingresar al recinto. A pocos metros del lugar de trabajo de Juan Carlos hay una oficina de Caja Madrid que, debido a la altuta del escalón situado a la entrada, le resulta inaccesible. Por si fuera poco, las puertas abatibles, que se abren tirando de ellas, complican más el acceso. En la misma manzana, una oficina de La Caixa evidencia similares problemas. También hay escalón antes de la entrada, no tan alto, pero igualmente difícil de superar.

Otros sitios presentan obstáculos más complejos. Para llegar al área de atención de una sucursal del Banco Popular, también situada en la calle Embajadores, hay que bajar una escalera, otra tarea imposible para alguien en silla de ruedas. No hay rampa ni ningún otro dispositivo que lo pueda ayudar. En cambio, el cajero del mismo banco ubicado fuera de la sucursal resultó ser uno de los más cómodos, pues está a una altura razonable, que le permite ver la pantalla y operar el teclado.

La ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, establece la obligación de que todos los espacios públicos, construcciones, productos y servicios sean accesibles. Sin embargo, como reconoce el presidente de Fundación ONCE, Carlos Rubén Fernández, esta disposición "está matizada por el concepto de 'ajuste razonable' que trata de buscar la proporcionalidad entre las medidas de reforma que habrán de abordarse, la carga que ello supone para quien tenga que acometerlas y, por supuesto, el beneficio que va a reportar a las personas con discapacidad".

A la vaguedad del término "ajuste razonable" se suma la inexistencia de un marco reglamentario que establezca con claridad cuáles son las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El resultado, explica Fernández, es que, hasta el momento "existen normas que regulan el empleo y la accesibilidad universal que todavía siguen sin cumplirse. No hay inspecciones de trabajo ni de urbanismo que insten a su cumplimiento". Se espera que cinco reales decretos orientados a establecer estos parámetros, actualmente en preparación, llenen ese vacío.

Mientras, para buena parte de los 3,5 millones de discapacitados españoles la mejor alternativa es acudir a oficinas nuevas, donde la accesibilidad suele ser mejor. Juan Carlos usa generalmente una oficina cercana a su domicilio que sí es accesible para él y donde, además, ya lo conocen. Eso no quita que de vez en cuando tenga que sacar dinero en cualquier lado, una operación que suele resultarle complicada en grado sumo. Algunos cajeros están colocados tan alto que ni siquiera puede meter su tarjeta.

Los criterios de lo que es accesible y lo que no lo es varían mucho, incluso en oficinas de la misma institución. Juan Carlos, que es cliente del BBVA, señala que la oficina de dicho banco ubicada en la Glorieta de Embajadores le resulta accesible, aunque "el cajero está ubicado un poco alto". En cambio, otra agencia del mismo banco, ubicada a menos de un kilómetro tiene un escalón tan alto que no le permite la entrada. El cajero también es inmanejable. Al ser consultado sobre este tema, un portavoz del BBVA aseguró que todas sus oficinas (3.578) cumplen las normas de las comunidades autónomas relativas a accesibilidad.

El Banco Popular, por su parte, señaló que el 50% de sus oficinas son totalmente accesibles y gran parte del resto tienen adaptaciones parciales. Aseguró, además, que todas las oficinas nuevas cumplen con las normas.

"Respecto de las oficinas existentes, en todas las reformas que se proponen figura invariablemente la adaptación para eliminar barreras, siempre que la configuración del local lo permita", precisó un portavoz del banco.

En general, las normas autonómicas coinciden en exigir que todos los espacios nuevos sean accesibles, mientras que, en el caso de edificios antiguos, se limitan a usar los términos "promoción" o "fomento" de la accesibilidad. "El déficit reside en la exigibilidad y en la aplicación de los derechos y planteamientos que hacen esas normas", acota Carlos Rubén Fernández.

En otras sucursales se nota cierto esfuerzo por hacer las cosas más sencillas para los discapacitados. En una de Cajamar, por ejemplo, hay una rampa que, según Juan Carlos "no está bien hecha, porque está desnivelada, pero al menos permite el acceso". Lo cierto es que la transición hacia la accesibilidad se está produciendo, pero con lentitud.

El pasado 21 de febrero, Bankinter presentó en Madrid "la primera oficina plenamente accesible" de España. No obstante, está dentro de un edificio de Fundación ONCE, una situación que, irónicamente, la vuelve poco accesible para el público, aun cuando el banco asegura que cualquier persona puede acudir a ella. Respecto al resto de oficinas, afirma que el 63% es accesible y que a fines del 2006 la totalidad estará en la misma condición. Bankinter tiene 318 oficinas en España.

El problema, desde luego, no es sólo de los bancos. Son comunes las quejas contra el transporte público y los ferrocarriles, por citar dos ejemplos. Miguel Pereyra, otro discapacitado que se desplaza en silla de ruedas, dice que las máquinas dispensadoras de billetes de RENFE son "más complicadas de operar para un minusválido que los cajeros de los bancos". Ni siquiera los espacios públicos se salvan de las críticas.

Derribar estos obstáculos no será sencillo. Sólo en el caso de los bancos, el desafío consiste en acondicionar decenas de miles de oficinas en toda España. "Algún día llegaremos a la accesibilidad universal. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo un derecho", aclara Miguel Pereyra. Y culmina diciendo que "las personas como yo, que tenemos 40 años en esto, hemos aprendido a tener paciencia".

Si Juan Carlos pudo sobreponerse a un accidente de tráfico ocurrido hace 14 años, que lo dejó parapléjico de las dorsales para abajo, es seguro que estos obstáculos no lo derrotarán.