Arteaga decide actuar contra el chalet de Ardanza después de cuatro años

El Ayuntamiento vizcaíno de Arteaga ha abierto un expediente a la constructora del chalet en Urdaibai del ex lehendakari José Antonio Ardanza, actual presidente de Euskaltel, por las irregularidades urbanísticas confirmadas. Por vez primera en cuatro años, la alcaldía, en manos del PNV, admite la existencia de cinco infracciones y advierte de la posibilidad de demoler las obras ejecutadas sin licencia. Hace dos años el consistorio quiso archivar el expediente.

Desde que a mediados de 2002 varios informes técnicos, tanto del Gobierno como del propio consistorio, confirmaron irregularidades urbanísticas en la rehabilitación de un caserón por parte de Ardanza en el municipio de Arteaga, pero el consistorio se ha mostrado reacio a actuar. Las anomalías eran la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto aprobado, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina, entre otras. Los informes certificaron un aumento en un 38,6% de la superficie construida: los 634 metros cuadrados del proyecto aprobado por el Ayuntamiento se habían incrementado a 879, con lo que una vivienda que era bifamiliar se convirtió de hecho en trifamiliar.

En febrero de 2004, el consistorio, con mayoría absoluta del PNV, decidió en un pleno extraordinario dar por finalizado el expediente, al entender que no era la administración competente. Ello motivó que el Gobierno llevase a los tribunales la actuación municipal y, en julio pasado, un juzgado de Bilbao dio la razón al Ejecutivo al anular el acuerdo plenario e instar al Ayuntamiento a "instaurar el ordenamiento urbanístico".

El consistorio recurrió el fallo ante el Tribunal Superior vasco. Pero desde entonces la alcaldesa Arantza Madariaga ha tenido presiones desde su propio partido. Las Juntas Generales de Vizcaya, con el único rechazo del PNV, instaron el pasado 19 de enero a que se actuase contra el chalet de Ardanza y el PSE ha presentado una iniciativa en el Parlamento, que se prevé debatir la próxima semana, para que el Gobierno exija el cumplimiento del fallo. Los grupos ecologistas advirtieron también que actuarán penalmente si en mayo prescribe el caso por falta de actuación de las instituciones.

Éste es uno de los argumentos que ha esgrimido la alcaldesa, en tres resoluciones emitidas los pasados 1, 6 y 20 de febrero. Aunque advierte de que esta actuación no supone "desestimiento del recurso" ante el Superior, los escritos de la alcaldía suponen la apertura de un expediente contra la constructora del chalet y el arquitecto "como presuntos responsables de las obras realizadas sin licencia". Se precisa que las obras que han incumplido el proyecto son la ampliación de la superficie interior, el incremento de la altura, la creación de dos plantas más y la construcción de una piscina. Concede diez días para la formulación de alegaciones y requiere a la constructora la presentación, en dos meses, de una licencia o que "ajuste las obras a las condiciones" del permiso otorgado.

La resolución municipal advierte a la constructora que, si no lo hace o la licencia es denegada, se podrá ordenar "la demolición de las obras ejecutadas sin licencia". El ex lehendakari y su familia residen en el chalét desde hace casi cuatro años.