El Gobierno indultó en 2005 a un 5% de los 9.390 reos que pidieron la medida de gracia

Sólo el 5% de las peticiones de indulto que presentan los condenados ante el Ministerio de Justicia son concedidas luego por el Consejo de Ministros; y, además, prácticamente todas las medidas de gracia otorgadas son parciales y condicionadas. Las peticiones de indulto por delitos de cuello blanco (económicos) o contra la seguridad del tráfico, las que tienen connotaciones racistas y las de violencia de género están abocadas al fracaso, subraya Ana de Miguel, subsecretaria del Ministerio de Justicia. "Se deniegan aunque vengan informadas favorablemente por el tribunal sentenciador y el fiscal", precisa.

La política del PSOE en la concesión de indultos es restrictiva. El último precedente de indulto masivo fue el que otorgó el Gobierno de José María Aznar la víspera de Navidad de 2000. De una tacada, fueron indultadas 1.443 personas, entre ellas el ex juez Gómez de Liaño, condenado por prevaricación.

De Miguel apunta que todas las semanas se elevan al Consejo de Ministros en torno a 210 expedientes de reclusos que demandan la conmutación total o parcial de sus penas. Sólo unos 10 de ellos obtienen un resultado favorable. En 2005 llegaron al ministerio 9.390 expedientes: el Gobierno aprobó 453 y rechazó 7.291. El resto, fueron archivados.

Cuando el PSOE se hizo cargo del Gobierno fijó una política de indultos que, a priori, excluye conmutar la pena "a los condenados por delitos de violencia de género y maltrato familiar, racismo, contra la seguridad en el tráfico y contra la libertad sexual". Se descarta el indulto aun con informe favorable del tribunal. También rechaza la medida de gracia en delitos graves que generan alarma social: tráfico de armas, asesinatos, torturas y genocidio. Y, como norma general, no se indultan penas superiores a tres años, destaca De Miguel.

Para conceder un indulto, Justicia valora estos aspectos:

-El informe que emite el tribunal sentenciador (es decir, si los jueces son o no favorables al indulto, así como la postura a favor o en contra del fiscal).

-Es una circunstancia adversa que el reo tenga antecedentes penales o policiales; y muy favorable para él que sólo haya cometido un delito en su vida.

-Se valora también que el reo haya pagado a la víctima la indemnización fijada por el juez.

-Se estudia, asimismo, si concurren en el reo "condiciones humanitarias" que aconsejen la medida de gracias. Puede ocurrir que el reo se halle enfermo, sea muy mayor o que tenga familiares desvalidos a su cargo. La drogadicción es un factor propicio para lograr un indulto, pero si se acredita que el delito fue fruto de esa circunstancia y que el reo, llegada la hora de cumplir la condena, demuestra que "está desintoxicado", señala De Miguel. Fuentes de Justicia explican: "El perfil que reúnen las personas a las que en estos dos últimos años se ha otorgado un indulto es que sólo han cometido un único delito y están reinsertadas". Las demoras en la tramitación de los expedientes de indulto condujeron en 2005 al archivo, de oficio, de 1.646 de los citados 9.390 expedientes recibidos.

Se archivaron por el fallecimiento del peticionario o porque el reo ya había cumplido toda la pena cuando iba a ser estudiado su caso. "Nuestro objetivo es que ningún expediente tarde en resolverse más de cinco meses, aunque estamos supeditados al tiempo que tarden los tribunales en informar", destaca De Miguel.

La subsecretaria de Justicia apunta que cuando se hizo cargo del departamento se topó con muchos expedientes que arrastraban "demoras de entre uno y dos años". Ahora, el ministerio los tramita al mes de recibirlos y los lleva al Consejo de Ministros en los 30 días siguientes a la recepción del informe de los jueces.

Entre 2000 y 2003, en época del PP, el ministerio tardaba unos tres meses en elevar los casos al Consejo de Ministros tras recibir el informe judicial. A finales de diciembre pasado, el ministerio tenía 8.447 casos pendientes de informe judicial.