El testigo protegido no irá a la cárcel

La Audiencia Nacional ha suspendido a última hora la ejecución de la pena -cuatro años de cárcel, por introducir en España dólares falsos- al testigo protegido 33-R, cuya colaboración con la Guardia Civil y la Justicia evitó el asesinato del fiscal antidroga Javier Zaragoza.

El tribunal que juzgó y condenó a este testigo le ha suspendido la ejecución de la pena, tras recibir un informe de la fiscalía de la Audiencia Nacional favorable a suspenderle de nuevo la condena hasta tanto el Ministerio de Justicia estudia, por segunda vez, si le otorga el indulto. Hace varias semanas, Justicia le denegó la medida de gracia. Su abogado, Juan de Justo, presentó un nuevo escrito ante el tribunal pidiendo que volvieran a suspenderle la pena y, paralelamente, otro ante el ministerio solicitando de nuevo el indulto. Ya no hay que esperar dos años, como ocurría antes, para reiterar la petición de un indulto. Ahora, no hay limitaciones temporales y cabe volver a solicitar una medida de gracia inmediatamente después de rechazada la primera.

Y así lo ha hecho el abogado de este testigo. Y es que, tras conocer que le había sido denegado el indulto, el testigo 33-R amenazó con suicidarse si la Audiencia Nacional le obligaba a ingresar en prisión. Y a punto ha estado, ya que el tribunal, al ver el resultado desfavorable del primer indulto, le dio una semana de plazo para ingresar en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Visiblemente enfadado, el testigo 33-R adujo que, si ingresaba en prisión, su vida corría peligro. Afirmó que estaba amenazado de muerte por personas del entorno de los narcos a los que había delatado como gestores de la trama para asesinar a Zaragoza.

Detrás de esa red asesina estaba el abogado y narcotraficante Pablo Vioque, encarcelado por una operación antidroga impulsada por el fiscal Zaragoza. Este testigo fue contratado por esa red como sicario para matar al fiscal, pero no lo hizo y delató a Vioque.

La denegación del indulto al citado testigo suscitó una fuerte polémica. Tanto el fiscal que investigó este caso, Pedro Martínez, como los agentes que lograron desmantelar la conspiración asesina protestaron por la denegación de la medida de gracia. Martínez explicó que el testigo contribuyó en el juicio a que se condenara a Vioque a 7 años de cárcel. Martínez elevó un informe al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el que recordaba que en su día se le había prometido el indulto.

Un portavoz de Justicia alegó que se había producido un fallo motivado por la deficiente explicación que ofrecía el testigo en el escrito en el que pedía la conmutación de su pena. Asimismo, señaló que tanto la fiscalía como el tribunal sentenciador habían informado en contra del perdón. El fiscal que informó no es el mismo que el que investigó la trama.

El testigo ha vuelto a solicitar el indulto, pero esta vez amparado por un informe favorable del fiscal. La Audiencia Nacional le ha suspendido la ejecución de la pena mientras Justicia restudia este caso y dictamina si le indulta. Fuentes de Justicia creen que es muy posible que ahora sí se otorgue la medida de gracia a este testigo.