Las encuestas secretas de Pujol

La demoscopia se ha convertido en una losa para Convergència i Unió. A principios de 2003, todavía en el Gobierno, la coalición nacionalista tuvo que sacrificar al secretario de comunicación, David Madí, por haber manipulado y alterado los resultados de media docena de encuestas y sondeos electorales. Ahora, tres años después de aquel tormentoso episodio, han aflorado otros 173 informes y estudios que, guardados en una caja del archivo del Departamento de Presidencia, fueron encargados por los gobiernos de Jordi Pujol entre los años 1983 y 2003.

Un total de 173 informes con la única finalidad de poder perpetuarse en el poder, a base de continuos sondeos de opinión y de intención de voto o de estudios estratégicos para extender el ideario nacionalista aprovechando todos los resortes del poder, incluidos los medios de comunicación públicos, cuyos periodistas eran escrutados sobre su orientación ideológica.

CiU parece no haber aprendido la lección. Como en 2003, los dirigentes nacionalistas minimizaron el alcance del escándalo con el primer titular de prensa y culparon directamente a los periodistas que lo desvelaron. "Hemos visto con cierto tono de humor cómo de algo que es una cuestión de décimas o algunas centésimas se hace todo un artículo, eso es un montaje y no hay que darle más vueltas. Es una práctica periodística de muy mal estilo", manifestaba el entonces secretario general adjunto de CiU, Pere Macias, en marzo de 2003. "Una mera maniobra política de los socialistas contra las candidaturas de Xavier Trias y de Artur Mas", arremetió el portavoz de CiU, Felip Puig, el 9 de febrero. "El tripartito ha filtrado estos papeluchos a la prensa amiga, que está haciendo un mal ejercicio periodístico", criticaba el portavoz convergente David Madí. "Periodistas que escriben al dictado de la federación socialista", abundaba Xavier Trias. El alcaldable de CiU en Barcelona acusaba directamente, aunque sin citarlos, a El Periódico y EL PAÍS, los únicos medios que, como en 2003, han revelado el contenido de informes secretos, pagados con fondos públicos, elaborados para favorecer los intereses electorales de CiU.

En 2003, sólo cuando la controversia llegó al Parlament algunos medios locales empezaron a publicar las primeras informaciones. Ahora se repite la historia. Salvo los dos medios citados, los demás han guardado un elocuente silencio sobre el contenido concreto de los informes (aunque se hicieron eco de que existían) hasta que EL PAÍS y El Periódico dieron cuenta el pasado miércoles de que uno de los estudios afectaba directamente a compañeros de profesión periodísitica. Al día siguiente de destaparse este asunto, ya La Vanguardia entró en los contenidos. Avui -un periódico participado por la Generalitat, que tiene el 20% del capital- no lo hizo hasta ayer, pero sólo para reproducir un comunicado gubernamental. Y eso que los informes eran de acceso público en Internet desde el 16 de enero, al estar depositados en el Centro de Estudios de Opinión.

- Sondeos electorales. El 8 de febrero, el PSC denunciaba la aparición de una lista de 33 sondeos, realizados por el Gobierno de Jordi Pujol, que en realidad eran encuestas sobre las expectativas electorales de Convergència i Unió. Todas pagadas con dinero de las arcas públicas. En 2001 se preguntó, por ejemplo, la opinión de los ciudadanos respecto al pacto de gobernabilidad que mantenían CiU y el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, acerca de las preferencias de los catalanes sobre los acuerdos poselectorales que debía firmar en Cataluña la coalición nacionalista (con el PP, el PSC o Esquerra Republicana) y sobre las posibilidades de victoria de CiU frente a una coalición de izquierdas parlamentaria.

Incluso, a espaldas y con el total desconocimiento de los socios democristianos de Unió, el Ejecutivo catalán pagó una encuesta sobre la intención de voto en caso de una hipotética ruptura de la coalición. La mayoría de los ciudadanos (31,2%) se inclinaban por votar a Convergència, frente al 2,9% que lo hacía por Unió Democràtica.

CiU encargó también un sondeo electoral sobre el índice de apoyo en los barrios gestionados por la empresa pública Adigsa (de vivienda pública) y trató de emprender un plan estratégico para penetrar políticamente en las zonas habitadas mayoritariamente por inmigrantes.

La encuesta de finales de 2001, sobre pactos poselectorales, no fue depositada en el archivo del Parlament hasta el 7 de febrero, contraviniendo así la legislación catalana. El portavoz del Gobierno catalán, el socialista Joaquim Nadal, informó de que al menos 30 de los 173 informes debían haber sido registrados en la Cámara catalana y, por tanto, ser públicos.

- Imagen de Pujol en la prensa. En 1999, la Generalitat encargó un estudio que, bajo el epígrafe La imagen de Cataluña en la prensa, analizaba cómo trataban informativamente los medios de comunicación escritos a Jordi Pujol, su familia (esposa e hijos), la acción gubernamental y diversos casos de corrupción (Pallerols y Kio).

Este informe, realizado por la empresa Bassat, incluía un análisis de 2.135 informaciones aparecidas en 41 medios de comunicación españoles que se referían a Cataluña. En un anexo se detallaba el día de la publicación de la noticia, el medio, el nombre del autor, el espacio que ocupó y una calificación de si la crónica era positiva o negativa para la imagen de Cataluña. Por ejemplo, el escándalo del impago de multas por parte de los hijos de Pujol era una noticia negativa para Cataluña, al igual que el caso Kio y el caso Pallerols.

El Ejecutivo de Pujol también ocultó al Parlament informes críticos de los Mossos, la satisfacción de los usuarios con el servicio de bomberos y el conflicto de la COPE, ante la pretensión del Gobierno catalán de revocarle varias frecuencias de FM.

- 140 sondeos ocultos. El 21 de febrero, EL PAÍS informaba de que otros 140 informes habían aparecido en el Departamento de Presidencia y de que evidenciaban la obsesión del Gobierno catalán por planificar su actuación y mantenerse al frente de la Generalitat.

Jordi Pujol dispuso, a través de estos estudios, de una completa radiografía de la sociedad catalana: hábitos de consumo, comportamiento electoral, opinión sobre el presidente, grado de satisfacción con la acción gubernamental, intención de voto a CiU en Cataluña y en Barcelona capital, y apoyo a los pactos CiU-PSOE y CiU-PP.

Destacan las encuestas que el Gobierno encargaba cada vez que Jordi Pujol realizaba un viaje oficial al extranjero o era entrevistado en cualquier cadena de televisión, y cuando se emitía su mensaje de fin de año. El universo de alguna de estas encuestas era realmente inusual: 3.364 entrevistas. También se pagó otra de 4.250 entrevistas sobre el grado de apoyo a Pujol en todas las comunidades autónomas.

Se descubrieron encuestas sobre la dimisión del consejero Josep Maria Cullell, implicado en un caso de tráfico de influencias; el caso Guerra, el hermano del entonces vicepresidente del Gobierno, y la fusión de cajas de ahorro.

- Lealtad ideológica en TV-3. El 22 de febrero, la polémica entró en otra fase y el resto de los medios de comunicación empezaron a hablar de este escándalo. Ese día se conoció un informe apócrifo sobre la lealtad ideológica de algunos profesionales de TV-3 y Catalunya Ràdio hacia Convergència, Jordi Pujol o el nacionalismo. "Tendencias antinacionalistas, antipujolistas o anticonvergentes" o "actúa como quintacolumnista, colaboracionista o blotifler", se afirmaba de periodistas como Salvador Alsius y Àngels Barceló. Otro apartado del informe se refería a la pronunciación lingüística de Antoni Bassas y Sílvia Cóppulo.

El informe proponía propagar el ideario nacionalista a través de los programas infantiles de la cadena e invitar sólo a personas afines a CiU en los debates.

- Ayuntamiento de Barcelona. Desbancar a Pasqual Maragall o Joan Clos de la alcaldía de Barcelona se demostró un empeño de los gobiernos de CiU. En la década de 1999, los nacionalistas encargaron al menos una decena de informes para este fin, dos de ellos al militante de Convergència y ex consejero catalán Josep Miró i Ardèvol. La serie de sondeos incluía una encuesta sobre la popularidad de Pasqual Maragall y diversas oleadas de intención de voto en 1995, año de las elecciones municipales en las que CiU presentó a Miquel Roca como candidato.

- Adoctrinamiento nacionalista. País debía convertirse en un colectivo destinado a extender "la conciencia nacional" entre los catalanes, pero sobre todo entre los jóvenes. Para ello se proponía la creación de "asentamientos rurales y urbanos" juveniles en los que, además de practicar deporte, se propagaría la ideología nacionalista, que el autor del informe denominaba "irradiación". El objetivo era que la ciudadanía se sintiera, al final, "únicamente vinculada" a la nación catalana.