El fraude fiscal del líder del PP en Castellón se eterniza en el juzgado

Seis jueces y tres fiscales, más el juez y el fiscal actuales, componen de momento el balance del personal que ha intervenido en el caso Fabra dos años después del inicio del proceso. Los continuos cambios han obstaculizado, en más de una ocasión, el normal procedimiento de las diligencias abiertas contra el presidente de la Diputación de Castellón y presidente provincial del PP, Carlos Fabra, ante la posible comisión de uno o varios delitos contra la Administración pública y un presunto fraude fiscal.

Dos años después de que el empresario Vicente Vilar acusara a Fabra de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de mediar ante la Administración, ni siquiera se ha tomado declaración a todos los imputados. Así, aún no se han celebrado los interrogatorios a cuatro ex altos cargos de Agricultura y de Sanidad y una directora general de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat valenciana, que pueden ser determinantes para dilucidar si Fabra medió para agilizar las autorizaciones de fabricación de determinados productos fitosanitarios. En la lista de imputados sin interrogar está el ex subdelegado del Gobierno en Castellón Vicente Sánchez Peral, que ya ha fallecido. El propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, admitió que estos cambios pueden afectar incluso a la "eficacia de la actividad investigadora".

La última baja ha sido la del fiscal anticorrupción para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, Daniel Campos, que ha solicitado su paso a la empresa privada tras siete meses en el cargo y cuando apenas ha cumplido cinco en el caso. Campos sigue así el camino de su predecesor, otro fiscal de Anticorrupción, Carlos Saiz, que se hizo cargo de la causa el 15 de junio de 2004, cuando, hasta el momento, había sido el fiscal jefe de la Audiencia de Castellón, Javier Arias, quien había asumido la acusación de forma voluntaria. La intervención de Arias fue cuestionada y con el cambio de Gobierno, la Fiscalía del Estado optó por asumir la causa y nombró a Saiz, quien tres meses después pidió una excedencia para ejercer la abogacía en el despacho Gómez Acebo y Pombo.

En cuanto a los jueces, las abultadas diligencias que se instruyen en el Juzgado número 1 de Nules han pasado por siete manos. En septiembre, el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) nombró a la última nueva titular, tras el paso de otras tres jueces titulares y sus tres sustitutas. Pero los cambios no acaban ahí, ya que la juez que abrió y que instruía la otra causa en la que está imputado Fabra, por un presunto delito de falsedad, en el Juzgado número 2 de Nules, también ha sido trasladada, con lo que una sustituta permanecerá a cargo del juzgado hasta que llegue una nueva titular.

La anormalidad de tanto cambio ha quedado patente con la rápida respuesta dada desde fuentes judiciales y de la fiscalía. El portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, calificó de "normal" la solicitud de su compañero y "menos normal" la "casualidad" de que los dos fiscales que han dejado anticorrupción hayan coincidido en el caso Fabra. Esteban consideró "más preocupante" el paso de siete jueces por la causa.

Fuentes del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana insistieron en que Nules es un partido judicial con categoría de juez y no de magistrado, lo que supone que es un primer destino para los titulares y "se traduce en poca estabilidad". Las mismas fuentes indicaron que ninguna de las jueces que han pasado por Nules "se ha sentido presionada ni ha elegido marcharse por ello".