Barcelona rechaza las condiciones del Gobierno para recibir el castillo de Montjuïc

Todos los grupos municipales en el Ayuntamiento de Barcelona, salvo el PP, rechazaron el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros para la cesión del castillo de Montjuïc a la ciudad. El consistorio pretendía el retorno "íntegro, efectivo y no condicionado" de la fortaleza. Pero no ha sido éste el deseo del Gobierno, que ha puesto más condiciones de las tres expresadas en su día por el ministro de Defensa, José Bono, para hacer efectiva la cesión. Entre otras cosas, el texto explicita que la bandera española debe ondear en el castillo y prevé el mantenimiento de personal militar en el interior del recinto amurallado.

"Es un día histórico para Barcelona y espero que en breves minutos se confirmen las buenas noticias". Con un optimismo que después se tornó en franca decepción, Clos abordaba, hacia las dos de la tarde, el último punto del pleno municipal de ayer: una declaración institucional en apoyo del proyecto de ley sobre la devolución del castillo de Montjuïc. Simultáneamente, en Madrid se celebraba la reunión semanal de los ministros del Gobierno. Los concejales de la oposición, con Xavier Trias (CiU) a la cabeza, demandaban información al alcalde: "Seguro que usted sabe mejor que nadie en qué términos se ha llegado al acuerdo; explíquenoslo", le espetó el concejal nacionalista.

La bandera española deberá ondear en la fortaleza, en cuyo interior también permanecerá un destacamento militar

Sólo el Partido Popular da su visto bueno al documento, que el resto de grupos políticos considera "inaceptable"

El proyecto de ley aprobado ayer recoge y amplía las tres exigencias planteadas por el ministro de Defensa, José Bono

Una vez acabado el pleno, el propio Trias pudo leer el documento del proyecto de ley que pasará a la aprobación de las Cortes: "¡Qué escándalo! Es un escándalo total!", exclamó. Pese a la brevedad del documento -que cuenta con una exposición de motivos, dos artículos y un par de disposiciones adicionales- el texto no sentó nada bien a las formaciones con representación en el Ayuntamiento.

Como estaba previsto, en el preámbulo se cita la necesidad de convertir el castillo de Montjuïc, "testigo de acontecimientos históricos de amargo recuerdo", en un "monumento a la concordia". El documento propone la creación de un centro por la paz para difundir la cultura de los derechos humanos. Lo que no estaba en absoluto previsto es el añadido de que el centro "ha de ser un lugar donde se den a conocer las valiosas tareas de las Fuerzas Armadas en sus misiones internacionales de paz y de ayuda humanitaria". En una rueda de prensa improvisada, Clos se mostró perplejo ante este añadido de última hora. Y se opuso a que el Gobierno "precise excesivamente" el contenido que debe vestir el futuro museo de la paz.

"Para atender a las necesidades de la Defensa Nacional", dice el texto, el castillo seguirá albergando "las antenas y redes de comunicaciones allí instaladas", así como al "personal militar necesario" para vigilar estas instalaciones. Pese a las reticencias de Esquerra Republicana como de Iniciativa per Catalunya Verds a la presencia del Ejército en Montjuïc, tanto los socialistas catalanes como los convergentes contaban con esta medida. Con lo que no contaban en absoluto era con una frase redactada a continuación: que el Ministerio de Defensa podrá habilitar "el espacio que precise en el interior del recinto amurallado del castillo". Nuevamente, Clos exhibió su sorpresa ante esta nueva medida.

Consorcio a tres bandas

El centro por la paz estará regido por un "consorcio" a tres bandas, en el que estarán representados el Ministerio de Defensa, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, que lo presidirá. Los partidos del consistorio consideraron que esta no es "la forma más adecuada" de organización y denunciaron que no se explicite qué porcentaje de participación tendrá cada una de las administraciones. Además, los estatutos del consorcio y su modificación requerirán "el acuerdo unánime" de sus miembros, algo que también encontró el rechazo frontal de los cuatro partidos. "En la práctica, esto lleva al derecho de veto", se quejó el presidente del grupo municipal de Esquerra y segundo teniente de alcalde, Jordi Portabella, quien juzgó que el proyecto "contiene elementos lesivos para los intereses de Barcelona".

El proyecto subraya de forma explícita que las banderas de España, Cataluña y Barcelona deberán ondear "permanentemente y en lugar preferente" en el castillo. Los integrantes del Gobierno tripartito municipal junto con Convergència i Unió, calificaron de "innecesaria" esta mención. A su juicio, la normativa vigente sobre colocación de banderas en edificios públicos resulta más que suficiente.

Por todos esos motivos, los partidos consideraron "inaceptable" la cesión en sus actuales términos, y anunciaron la presentación de enmiendas en el trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados. Clos, no obstante, dijo que Bono le había anunciado por teléfono su disposición a "modificar" algunos puntos del texto. Ayer mismo, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, sostuvo que el Gobierno está abierto al "diálogo" para alcanzar un "consenso" sobre el castillo de Montjuïc e hizo un llamamiento a la calma.

Pero el argumento de los líderes socialistas no convenció a casi nadie. Sólo el popular Alberto Fernández Díaz se vio con ánimo de repetir las frases pronunciadas por Clos en el pleno: "Hoy es un día histórico para Barcelona".