La ponencia sobre propiedad intelectual suprime el límite de copias privadas y aprueba el canon

Los grupos parlamentarios finalizaron ayer el debate en ponencia del proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y acordaron suprimir la limitación a tres del número de copias que se pueden realizar de una obra, como figura en el texto remitido a las Cortes por el Gobierno. Los grupos terminaron los trabajos para elaborar el informe de la ponencia, que será elevado, una vez que termine su redacción, a la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados, donde comenzará a debatirse el próximo miércoles, según fuentes parlamentarias.

Este texto normativo fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de julio con el fin de transponer la directiva europea sobre sociedad de la información a la legislación española, intentando "dar plena satisfacción a lo ordenado por la directiva, a la adaptación a la era digital y al mundo de la cultura, sin menoscabo de la industria", afirmó ayer el diputado socialista Antón Louro.

Respecto al apartado del texto que establecía hasta un máximo de tres las copias privadas que se pueden realizar de una obra, los grupos han acordado retirar de la redacción del proyecto el número tres, ya que "no tiene sentido hablar de dos, tres copias o de millones", según el diputado socialista.

Según fuentes de CiU, lo que sí establecerá este texto es una definición de la copia privada, que deberá siempre proceder de una obra original y ser utilizada para uso particular y doméstico, y recogerá el derecho a la compensación por ella, el polémico canon, ya que tecnológicamente no se puede evitar, hasta ahora, la reproducción de las obras.

Agentes culturales

Asimismo, se ha acordado que todos los agentes culturales -autores, intérpretes, productores...- tendrán derecho a recibir una remuneración equitativa y económica por la "puesta a disposición" de sus obras en soportes digitales, incluido Internet, según informó la diputada y portavoz popular Beatriz Rodríguez Salmones.

Además, según la portavoz popular, los grupos han abordado también el articulado del texto elaborado por el Gobierno que establecía tres áreas de regulación singular en materia de propiedad intelectual para los casos de discapacitados, bibliotecas y enseñanza, con el fin de facilitar su acceso a las creaciones.

Según Rodríguez Salmones, "no se puede hacer política social a costa de los autores", y por ello los artistas estarán equitativamente remunerados mediante un sistema que se regulará posteriormente. "El debate ha sido muy productivo y hay, básicamente, convergencia de criterios", añadió el portavoz socialista, aspecto en el que coincidió con la portavoz popular de Cultura en el Congreso.