El fiscal pide cinco años de cárcel para el dueño de un restaurante por los ruidos e ilegalidades ocurridos desde 2003

Cinco años de prisión por originar ruidos. Esa es la petición que formuló ayer un fiscal contra Dionisio Mestre Rodríguez, propietario de un restaurante de Barcelona que desde 2003 viene causando ruidos que superan ampliamente los límites legales. La fiscalía fundamenta su petición en el artículo 325 del Código Penal, que se refiere a los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, y que prevé penas de hasta cuatro años de cárcel. Pero, además, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio agrava su petición de pena porque el local está abierto desde junio de 2003 sin licencia municipal de apertura y, además, ha desobedecido en tres ocasiones las órdenes de clausura y la instalación de medidas correctoras.

"Yo de tecnología de leyes no entiendo", declaró ayer Mestre Rodríguez ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona a las preguntas del fiscal. En otro momento, el acusado admitió sin reparos que ha incumplido las tres órdenes de cese de la actividad ordenadas por el Ayuntamiento porque "un negocio cuesta mucho levantarlo" y su clausura causaría un perjuicio a él, a sus socios y al personal que trabaja para ellos. La fiscalía sostiene que, en uno de los intentos de clausura del restaurante, situado en el número 394 de la calle de Sicilia, los empleados del Ayuntamiento ni siquiera pudieron llevarlo a cabo porque los empleados del local lo impidieron.

El fiscal también asegura que los ruidos causados por el resaturante han comportado que un matrimonio de vecinos acabe con un cuadro ansioso depresivo que ha necesitado tratamiento farmacológico, por lo que reclaman 10.000 euros de indemnización cada uno de ellos. Otros dos vecinos de los pisos que se hallan por encima del restaurante también se consideran perjudicados por las molestias del local y reclaman cada uno 6.000 euros por los perjuicios causados a su salud psíquica y su intimidad personal.

En respuesta a su abogada, el acusado explicó que el restaurante apenas genera molestias sonoras, que el altillo superior del local funciona muy poco, que su clientela es de personas mayores de 50 años que causan pocos ruidos y que el restaurante se encuentra en una esquina muy transitada "por camiones y ambulancias". La técnica municipal del distrito de Gràcia se ratificó en todos sus informes sobre las ilegalidades del local y explicó al tribunal que el local sigue abierto y sin licencia municipal.