El asesor jurídico de la Armada de EE UU alertó contra las torturas en Guantánamo

Alberto Mora, un abogado que fue responsable jurídico de la Armada de Estados Unidos hasta hace mes y medio, advirtió en diciembre de 2002 de las consecuencias que podría tener la política de hacer caso omiso de leyes y tratados internacionales en la lucha contra el terrorismo y procesar e interrogar a los detenidos en la base naval de Guantánamo, en Cuba, con técnicas equiparables a la tortura. Dejar todo en manos de "la autoridad presidencial", escribió, sería "ilegal, peligroso y equivocado".

Documentos internos del Pentágono desclasificados en 2005 revelaron que varios abogados militares ya se pronunciaron contra las técnicas especiales en interrogatorios en Guantánamo, pero la denuncia de Mora, revelada en la revista The New Yorker, da una idea más completa de los razonamientos empleados y del desprecio con que fueron recibidos por Defensa y la Casa Blanca.

Mora, hijo de una húngara que huyó del sistema represivo de los países comunistas y de un cubano que abandonó la isla tras la llegada al poder Fidel Castro, asegura que no temió oponerse a la política del Gobierno. "Además, mi madre me hubiera matado si no hubiese dicho lo que pensaba. Ningún húngaro tras el comunismo ni ningún cubano tras Castro pueden obviar que los derechos humanos son incompatibles con la crueldad". El debate, dice, "no es sólo cómo proteger a nuestro país, sino cómo proteger nuestros valores".

Las teorías que otorgan al presidente de EE UU el derecho a autorizar malos tratos a detenidos pese a la Convención de Ginebra son "ilegales, peligrosas y equivocadas", dice el abogado en un memorando de 22 páginas -escrito en julio de 2004, secreto, pero no clasificado- al que se tiene acceso a través de la revista. Mora detalla sus esfuerzos durante dos años y medio para intentar frenar una política de la que se podían derivar "actos de crueldad" contra presuntos terroristas, "aunque el objetivo no fuera ese". "¿Cuántas vidas justifican el uso de la tortura?", pregunta a un alto cargo del Pentágono. "¿Miles? ¿Cientos? ¿Dónde se traza la línea divisoria?".

Actos de abuso

"Estaba consternado", declara a The New Yorker. "Eran claramente actos de abuso y claramente contrarios a todo lo que nos enseñaron sobre los valores estadounidenses". Autorizar la "crueldad", dice, es igual de pernicioso que autorizar la tortura: "No hay distinción moral o práctica (...) Si la crueldad no se declara fuera de la ley, si se institucionaliza, altera la relación fundamental entre el individuo y el Gobierno. Destruye la noción de derecho individual. La Constitución reconoce que el hombre tiene un derecho inherente, que no puede ser otorgado ni por el Estado ni por la ley, a la dignidad personal, incluido el derecho a no sufrir crueldades". Y eso alcanza, añade Alberto Mora , a todos los seres humanos, no sólo en EE UU, sino también a los combatientes enemigos. "Si se hace esta excepción, la Constitución entera se derrumba". "Intentamos frenar las técnicas que Donald Rumsfeld [secretario de Defensa] había dado por buenas", como "explotar las fobias" de los detenidos, "privarles de luz y de estímulos auditivos" y otras tácticas prohibidas por el Manual del Ejército, "pero se nos dijo que no hiciéramos preguntas", asegura Mora que le dijo un oficial. El asesor jurídico llamó la atención de sus superiores sobre un comentario hecho por Rumsfeld en el que se cuestionaba que si él podía estar 8 o 10 horas de pie no entendía por qué no se podía "obligar a los detenidos a estar cuatro".

El testimonio de Mora se une a las denuncias no sólo de adversarios del Gobierno, sino de aliados que, por diferentes razones -de conciencia o de oportunidad política, de cara a las elecciones legislativas- tratan de que la Casa Blanca reaccione. Pero que reaccione justo al contrario de como hizo la semana pasada con el incidente de caza del vicepresidente Dick Cheney, que reflejó "problemas estructurales" en el equipo presidencial, según el columnista conservador Robert Novak.

Como señala otro analista en The Washinton Post, David Ignatius, "cuando se critica la legalidad de lo que hace el Gobierno, Bush y Cheney reafirman los poderes constitucionales del comandante en jefe; cuando el Congreso prohíbe la tortura, la Casa Blanca insiste en que esos poderes están por encima de todo; cuando sus amigos republicanos sugieren que hay que legalizar el programa de escuchas, el Gobierno lo rechaza. Digámoslo claramente: esto es la arrogancia del poder, y es algo que ha ido demasiado lejos en la Casa Blanca de Bush".