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La Asamblea concluye que la lista de espera diagnóstica es inaceptable

Una comisión alerta de que las largas demoras cuestionan "la valía" de la sanidad pública

Oriol Güell

Una comisión de la Asamblea de Madrid, que ha trabajado durante un año y medio y en la que han comparecido 41 expertos, ha concluido que las esperas existentes en la sanidad pública para una prueba diagnóstica son "social y médicamente inaceptables". La comisión alerta de que los ciudadanos llegan a poner en duda "la valía" de la sanidad pública por las largas esperas que soportan, de las que culpan a los "políticos y profesionales sanitarios".

El dictamen, aprobado con los votos a favor del PP y en contra del PSOE e IU, pone punto final a una comisión que ha trabajado durante un año y medio y en la que han comparecido 41 expertos, entre especialistas médicos, gestores de la sanidad pública y representantes de trabajadores.

La Comisión de Estudio para la Reducción de la Lista de Espera Diagnóstica fue creada en junio de 2004 para estudiar y proponer soluciones para uno de los problemas más denunciados por los usuarios de la sanidad pública: las largas esperas que deben soportar para ser sometidos a pruebas diagnósticas como ecografías, TAC o mamografías, entre otras.

El resultado es un breve documento (seis páginas entre conclusiones y propuestas) que destaca que las pruebas diagnósticas arrastran "excesivas demoras", que llegan a ser "social y médicamente inaceptables" y que provocan "el descontento de la población".

Esta concisión en el dictamen provocó ayer el rechazo del PSOE e IU, que llegaron a calificar de "tomadura de pelo que el Gobierno y el PP impongan un dictamen que no merece ni este nombre".

Eduardo Sánchez Gatell, portavoz del PSOE en la comisión, denunció que "más allá de cuatro tópicos u obviedades, el dictamen no incluye ni un solo dato que ilustre la situación actual de las esperas en la sanidad pública y se limita a proponer un refrito de medidas ya anunciadas, pero no ejecutadas, por el Gobierno regional".

Caridad García, del grupo de IU, lamentó que la comisión haya "desaprovechado el trabajo de un año y medio y la comparecencia de 41 expertos sin apenas avanzar en soluciones que son muy necesarias para la sanidad pública".

Por su parte, Jesús Fermosel, del PP, se mostró convencido de que el dictamen pone en común las cuestiones en las que "han coincidido los expertos comparecientes" y las bases sobre las que se deben articular las futuras políticas en la materia.

En las dos páginas de conclusiones, el dictamen destaca el aumento de pruebas diagnósticas que los médicos encargan a sus pacientes, lo que atribuye al crecimiento y envejecimiento de la población, a las demandas mayores de los pacientes y a los avances en tecnologías y tratamientos.

Las conclusiones también reconocen que la existencia de listas de espera es un hecho inevitable -"consustancial"- con un sistema sanitario público, aunque añade que pasan a ser un problema cuando se convierten en "excesivas" e "inadmisibles".

En cuanto a las propuestas, que ocupan cuatro páginas, el dictamen cree necesario la creación de un sistema informático unificado parecido al que regula la lista de espera quirúrgica, que "permita conocer en todo momento la situación de las esperas diagnósticas y de primeras consultas".

Este sistema, mediante varias medidas, debe permitir un uso más eficaz e intensivo de los recursos y de la sanidad pública.

Reducir trámites

Las propuestas también van encaminadas a reducir los trámites burocráticos y ofrecer al paciente un centro privado alternativo en caso de esperas excesivas.

Por último, el dictamen propone la aprobación de una ley que establezca las esperas máximas para ser sometido a pruebas diagnósticas y de un plan para lograr su reducción en la sanidad pública. El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, comparecerá próximamente ante el pleno de la Asamblea para concretar estas medidas.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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