La ventolera canaria

Los políticos en ejercicio están preocupados por la imagen del Archipiélago y la sociedad civil habla de catarsis en Canarias después de que un juez haya entrado a fondo en la trama de los negocios eólicos y haya encarcelado a un ex director general del Gobierno autónomo, perteneciente al Partido Popular. Este último caso ha desatado una auténtica ventolera en Canarias, y especialmente en Gran Canaria, donde ahora se centran los hechos.

La separación de un magistrado de la presidencia de la Audiencia de Las Palmas por presunta relación con narcotraficantes fue el detonante del clima de corrupción que ahora crea inquietud en el Archipiélago.

Ambos casos están relacionados. El juez que investiga "la trama eólica" se encontró, mientras hacía esta investigación, con la información que implicaba en hechos delictivos al citado presidente de la Audiencia.

La influencia de Perdomo era grande, pero ahora nadie pone la mano en el fuego por él

El presidente del PP canario está tranquilo; incluso pide una comisión parlamentaria

Los dos escándalos han coincidido, por otra parte, con la divulgación en la prensa de una cinta magnetofónica en la que se recoge el presunto intento de soborno de un edil de Fuerteventura por parte de un influyente y poderoso ex alcalde y parlamentario, Domingo González Arroyo, conocido por el sobrenombre de Marqués de la Oliva. Éste ha negado los hechos; se lo ha dicho al presidente de su partido en las islas, José Manuel Soria, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria. Soria le cree. "No tengo por qué no creerle", dice. La grabación es muy determinante. En ella, el parlamentario majorero es muy explícito; lo que ofrece es dinero a cambio de la colaboración del edil.

Soria está en el ojo del huracán, pero él se muestra tranquilo; "he sido el primero en pedir una comisión de investigación, y que sea televisada". En el primero de los casos, en el de la trama eólica, no sólo es el presidente del partido al que estaba afiliado el director general encarcelado, Celso Perdomo, sino que éste era amigo personal de gente de su entorno y, además, trabajaba a las órdenes de su hermano Luis, consejero de Industria del Gobierno de Canarias hasta que Coalición Canaria rompió con el Partido Popular y se quedó en solitario en el Gobierno, en mayo del pasado año.

Luis Soria no ha dicho nada del caso. Al parecer, ni la investigación judicial ni los indicios -incluso los que manejan los enemigos del presidente del PP- le alcanzan, ni a él ni a su hermano. "Él está muy tranquilo", nos dijo su propio hermano.

Mientras era consejero y aparecieron los primeros indicios de irregularidad en el concurso (luego abortado) que iba a regular los negocios eólicos, Luis Soria compareció en el Parlamento autónomo; allí negó vinculación de su director general con la trama eólica; le había preguntado a Celso Perdomo, y éste le negó enfáticamente los hechos. Él le creyó, y a él le creyeron. Lo cierto es que, según la investigación judicial que ha terminado llevándole a la cárcel, Perdomo había utilizado su cargo para privilegiar a algunas personas -como el abogado Alfredo Briganty y el empresario Enrique Guzmán- que también forman parte del entorno personal de los Soria y de su círculo más cercano. Lo curioso es que el concurso que a él le servía para efectuar este tráfico luego sería desactivado, por defectos de forma; ahora está a punto de aparecer otro decreto de convocatoria. Si no cambian las cosas, contemplará desde la cárcel la resolución del concurso que iba a enriquecer a los suyos.

La novia de Perdomo, Mónica Quintana, fue colaboradora necesaria de la trama (ella había abierto, supuestamente, una cuenta en Luxemburgo, donde habrían de llegar las ganancias que correspondieran a la intermediación) y también está en prisión. Mónica iba a los mítines del PP, pero no era militante; se supo ayer.

Las fotos de ambos, demacrados y abatidos, ha añadido dramatismo al caso y les ha convertido en uno de los pocos símbolos que hasta ahora han tenido las suposiciones de corrupción política en las islas. Hasta ahora, sólo un director general de Deportes, un funcionario del Inem, cuando no estaba transferido, y un secretario de la Cámara autonómica habían sido llevados a prisión por actividades delictivas en el uso de sus puestos políticos en los años de autonomía.

Perdomo era ahora funcionario del Cabildo Insular que preside el mayor de los Soria; cuando se acabó el pacto Coalición Canaria-PP regresó a su puesto. "No podía ser de otro modo", dicen en el Cabildo. Mónica ya trabajaba allí, también era funcionaria. Cuando Celso fue detenido, estaba precisamente en su puesto de trabajo, en el departamento de Organización y Método. Es un hombre muy conocido en Las Palmas, con muchas conexiones, entre las que figuran de manera prominente las que ha mantenido con el entorno político y personal de José Manuel Soria. Sus estudios universitarios duraron muchos años, porque los alternó con un fuerte activismo sindical y político; a él se le atribuyen trabajos importantes para conseguir que llegaran a sus puestos los sucesivos rectores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su influencia era grande. Ahora no hemos encontrado a nadie, tampoco en su entorno político, que ponga las manos en el fuego por él. Soria, José Manuel, lo ha dejado explícito: "No pongo la mano en el fuego por nadie".

La trama no acaba en el entorno de Soria. Un alto funcionario de la Consejería de Industria, Honorato López Torres, que parece haber colmado hasta ahora las exigencias de sus jefes, es también sospechoso.

Antes, el viento ponía en peligro las plataneras de las islas; ahora, el negocio del viento ha venido a poner en peligro la credibilidad de los políticos.

Pero Adán Martín, presidente del Gobierno de Canarias, nos dijo que lo que sucede tiene una lectura "positiva". La policía ha funcionado, la justicia ha hecho su trabajo. "Si eso se hace así, la sociedad adquiere confianza". Lo que le importa ahora es que "no se condene a los funcionarios antes de tiempo". Le preocupa más el pleito insular ("la mochila que todos los canarios llevamos encima"), uno de los principales handicaps de la región, que "la supuesta corrupción" generalizada que se denuncia. Él no la advierte.

En parecidos términos nos habló José Manuel Soria. "Lo que hay que hacer es llegar al fondo de las investigaciones; por eso me ofrezco a ir a una comisión parlamentaria, y mientras tanto que investiguen los jueces". A él le parecen "peligrosas" las generalizaciones, así que no cree que de este caso se saque "la conclusión" de que en Canarias se vive "un clima de corrupción política". En el caso que tiene como responsable político a su hermano "nosotros somos los primeros interesados en investigar a tumba abierta".

Cuando Soria acusó a los socialistas de "empocilgar" la política canaria aireando este caso que a él le afecta como presidente de su partido, el socialista Juan Carlos Alemán le aconsejó que no se pusiera "nervioso" y piense que es un juez el que ha llevado adelante la investigación y las detenciones, y no los socialistas; a Soria (ni a nadie en las islas) le cabe duda de que este caso de corrupción política es el primer acto de una campaña electoral "a cara de perro" que va a tener enfrente a los dos partidos estatales, y que los socialistas van a tratar de sacar su tajada.

Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, canario, en quien muchos ven al candidato socialista a las elecciones de 2007, tiene esto que decir sobre "el clima" que ahora se advierte en las islas, y que hace meses él había identificado con "la corrupción", ante las protestas de los nacionalistas en el Gobierno canario: "La política tiene que ser ejemplarizante; no puede ser que la gente crea que lo normal sea lo inaceptable".

Ahora muchos lo ven a él como la fuerza que está detrás de la decisión de clarificar las sospechas que él mismo desató.