Malos vientos

La prisión decretada el martes contra un ex director general del PP en Canarias y una funcionaria, envueltos en una trama de corrupción político-empresarial, parece un primer episodio de una trama de corrupción más amplia. La apertura de una sede estable de la Fiscalía Anticorrupción en el archipiélago ha dado vigor a la persecución del crimen y sembrado cierta inquietud. Hace apenas un mes, el presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, fue suspendido cautelarmente por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias en un asunto de narcotráfico. Ahora ha llegado el turno, tras nueve meses de investigación, a lo que apunta ser un desvío de fondos públicos al exterior como pago previo por el suministro de información privilegiada a través de correos electrónicos acerca de un concurso para instalar parques eólicos en las islas.

Celso Perdomo, ex director general de Industria del Gobierno canario entre los años 2003 y 2005, ha sido imputado de los delitos de cohecho, malversación de fondos, tráfico de información privilegiada y tráfico de influencias; y su pareja, Mónica Quintana, funcionaria del Cabildo Insular, está acusada de cohecho y malversación. Los dos militantes del PP, que han sido apartados cautelarmente de su partido, aparecen como presuntos integrantes de una red de políticos, funcionarios y empresarios que pretendían obtener ventaja con vistas a los concursos convocados para construir parques eólicos en el archipiélago. Otras cinco personas han sido detenidas. El departamento donde trabajaba Perdomo estaba dirigido en ese tiempo por el hermano del actual presidente del PP canario, José Manuel Soria, lo que ha dado pie a sus oponentes a explotar en su contra este parentesco, en un clima político ya de por sí viciado desde mayo pasado, cuando el PP fue expulsado del Gobierno canario tras una década de cohabitación entre nacionalistas y populares. Soria, por su parte, ha acusado al PSOE de "empocilgar la política" para dañar la imagen de los conservadores.

Respecto a la investigación judicial en curso, nada indica hasta el momento que el líder popular canario tenga relación alguna con la que ha sido bautizada como Operación Eolo. El estado de crispación que se vive en España parece tener su correlato en las relaciones entre los dos partidos estatales en las islas, y este caso ha venido a acentuarlo en puertas de una larga campaña electoral que ya se anuncia a cara de perro.