El Congreso aprueba por unanimidad crear una comisión sobre la regulación de la prostitución

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó anoche la creación de una comisión para estudiar la conveniencia de regular la llamada prostitución voluntaria, que pretende concluir sus trabajos en junio para elevarlos al Gobierno. La toma en consideración de la propuesta, promovida por la diputada de Izquierda Verde Carme García, fue apoyada por todos los grupos, aunque CiU mostró sus dudas sobre la necesidad de regular esta actividad. Su representante, Mercedes Pigem, objetó: "En este debate no se puede obviar la dimensión ética. La ley es fuente de aprobación o reprobación de las conductas. Muchos hombres que ahora no se atreven a aprovecharse de la prostitución lo harían si fuera legal". El PP, según explicó su diputada Enriqueta Seller, está de acuerdo con que se estudie el problema pero exige que mientras tanto el Gobierno combata la prostitución con todos los medios.

García señaló que esta aprobación abre en el Congreso "un debate difícil y muy responsable". La portavoz socialista en la Comisión de Derechos de la Mujer, Mariví Monteserín, explicó el apoyo de su grupo a la apertura de un proceso de estudio, pero se mostró en todo momento muy cautelosa respecto al resultado final del debate. "Para el PSOE, lo más urgente es luchar contra toda forma de explotación y proteger la seguridad de las víctimas, facilitándoles una salida a su situación. En este sentido, el Gobierno está trabajando en un plan integral de lucha contra el tráfico de mujeres y menores con fines de explotación sexual".

La división de opiniones sobre este asunto, no sólo entre los distintos grupos sino en el seno del PSOE, el que apoya al Gobierno, complica cualquier decisión. Por eso mientras los socialistas catalanes apoyan la regulación, y así lo ha promovido la Generalitat, el Instituto de la Mujer, dependiente del Gobierno, se ha mostrado claramente en contra de la opción catalana. Fuentes del Ejecutivo consultadas admiten la dificultad de poner de acuerdo las distintas opiniones, sobre todo en el mundo del feminismo, y temen que eso complique llegar a una resolución de consenso en la comisión.

Izquierda Verde pretende que los trabajos concluyan en junio para elevarlos al Gobierno en forma de recomendaciones y que éste pueda preparar una nueva legislación en otoño. Durante los próximos meses se producirán diversas comparecencias de expertos y afectados, y especialmente de responsables de los países europeos donde se han puesto en marcha distintos modelos de regulación.