El Consejo de Europa censura el deterioro de las cárceles francesas

Celdas superpobladas, detenidos durmiendo en el suelo en las comisarías, presos a los que no se permite comunicarse con la familia. Éstas son las condiciones en las que, según el Consejo de Europa, viven los presos de Francia. La organización con sede en Estrasburgo, que tiene previsto publicar hoy un duro informe sobre el estado de los derechos humanos en Francia, considera que este país tiene muchas asignaturas pendientes en este terreno, y que existe "una distancia -a veces grande- entre la ley y su cumplimiento".

En el exhaustivo informe -178 páginas-, al que ha tenido acceso este diario, el comisario para los derechos humanos, Álvaro Gil-Robles, denuncia las condiciones de hacinamiento en las que viven algunos prisioneros y la falta de recursos para el correcto funcionamiento de las cárceles. El comisario cita las prisiones de Les Baumettes y La Santé, dos de las siete en las que estuvo durante los 15 días que duró su visita a Francia el pasado septiembre. Las condiciones en Les Baumettes, en Marsella, "rozan los límites de la dignidad humana", según el informe.

Otro de los centros, el de Fleury-Mérogis, contaba con 3.390 internos en el momento de la visita, frente a los 3.160 permitidos. Según datos estadísticos de noviembre de 2005, que aparecen reflejados en el informe, la media de ocupación de las cárceles francesas asciende al 113,5%. El texto indica, no obstante, que la situación es aún más complicada de lo que sugieren las cifras. Condiciones higiénicas lamentables, duchas insuficientes y precios desorbitados por el acceso a la televisión -hasta ocho euros a la semana para los presos- son otras de las denuncias que realiza la organización intergubernamental, encargada de velar por los derechos humanos en Europa.

Gil-Robles, quien en el documento asegura que durante su estancia en Francia obtuvo la "plena cooperación de las autoridades francesas", estima que la superpoblación en las prisiones menoscaba cualquier política de reinserción, principio fundamental del derecho penal.

Las comisarías de policía -el comisario visitó cinco de ellas- tampoco salen mucho mejor paradas en el documento, que habla de condiciones "deplorables" en algunos de estos centros, donde los detenidos duermen tirados en el suelo, sin disponer siquiera de un colchón.

El informe del Consejo de Europa habla además de la duración excesiva del internamiento de algunos detenidos en los centros de corta estancia y se cita el caso de un reo que llevaba encerrado 16 meses en uno de estos recintos. Según el relato del prisionero, en ese tiempo no pudo contactar con su familia, que vivía en el extranjero, ya que no se le permitió utilizar el teléfono. "El problema es al parecer muy común", se asegura en el texto.

La precaria salud mental de los detenidos es otra de las cuestiones que preocupa al comisario de derechos humanos, que destaca el elevado número de enfermos mentales entre la población carcelaria y el abultado número de presos que se suicida: hasta 115 presos en 2004, la mayoría durante los seis primeros meses de encierro y la mitad estando aún pendientes de juicio.

En el capítulo policial, el texto, basado en visitas a comisarías previas a los disturbios en los barrios periféricos en Francia, cita casos de violencia en las que estaban implicados policías del suburbio parisiense de Saint-Denis. Junto a esta comisaría, el Consejo de Europa denuncia "el elevado número de casos de brutalidad policial y de violencia que se producen dentro y en los alrededores de París". Las denuncias relacionadas con la brutalidad policial se incrementaron un 34% entre 2003 y 2004.

El informe se ocupa además del trato que reciben los extranjeros que llegan a los aeropuertos franceses y del trato en los centros de tránsito. La falta de intérpretes y las traducciones erróneas de algunos documentos oficiales son algunas de las trabas detectadas por el comisario de derechos humanos, que además denuncia las precarias condiciones en las que se aloja a algunos demandantes de asilo.

Las viviendas que proporciona el Gobierno francés "pueden incluso resultar peligrosas", dice el texto, que hace referencia al incendio del hotel París Opera el pasado abril, y que acabó con la vida de al menos 245 personas, la mayoría inmigrantes africanos.