Cosechas y cultivos

Los debates del tercer Congreso Internacional de Víctimas clausurado ayer en Valencia dibujaron el estrecho margen de maniobra de que dispondría el Gobierno para negociar el desarme de ETA y la incorporación al sistema democrático del nacionalismo vasco radical si deseara contar con el respaldo de los damnificados por los crímenes terroristas. Maite Pagazaurtundua -la brava presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo- advirtió contra la tentación de pagar un precio político por el fin de la violencia; la oposición a intercambiar "paz por presos" fue generalizada. Con su ausencia, el presidente del Gobierno desaprovechó la ocasión de transmitir a los asistentes el optimista mensaje lanzado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes.

El presidente Zapatero expresó ese día su firme convicción de que se ha iniciado el principio del fin de ETA. Tal certidumbre descansa sobre un triple fundamento: la información confidencial de que dispone en exclusiva el Gobierno; la ausencia desde hace dos años y ocho meses de atentados terroristas con resultado de muerte; y el análisis político de los cambios producidos en el País Vasco desde 2004. El blindaje legal de las materias reservadas excluye la posibilidad de valorar la fiabilidad de las fuentes manejadas por los servicios de inteligencia, contrastar la veracidad total o parcial de los contenidos y examinar todas las interpretaciones posibles de los informes que se presten a diferentes lecturas por su naturaleza ambigua. Aunque la prolongada etapa -desde 30 de mayo de 2003- exenta de asesinatos terroristas sea significativa, el argumento no resulta concluyente. Durante ese período ETA ha perpetrado más de 100 atentados, algunos de los cuales hubieran podido causar -mas allá de la intencionalidad de sus autores- una serie de muertes: en cualquier caso, el mantenimiento indefinido por la banda de un terrorismo de baja intensidad supuestamente bajo control -que podría escaparse de sus manos y que tampoco impide un eventual regreso a la senda del asesinato- le convertiría en el vigilante armado de la negociación política. Finalmente, el rebrote de la kale borroka y la persistencia -o la ampliación- de las extorsiones a empresarios y profesionales para recaudar a punta de pistola el llamado impuesto revolucionario empañan considerablemente los síntomas positivos detectables desde hace dos años en el País Vasco.

Los vaticinios expresados por el presidente del Gobierno en la rueda de prensa del pasado viernes no se apoyan únicamente sobre los datos confidenciales de los servicios de información y las estadísticas acerca del comportamiento mortífero de ETA; también parecen vivificados por los impulsos de una voluntad política resuelta y segura de alcanzar sus propósitos: "Se cosecha lo que se cultiva y este Gobierno cultiva la esperanza de acabar con la violencia". La convicción de que los pronósticos sobre el futuro condicionan o prefiguran el curso de los acontecimientos no forma parte sólo del equipaje irracional de los hechiceros; los líderes políticos también suelen recurrir a ese tipo de predicciones como procedimiento dirigido a persuadir y movilizar a gentes cuya participación entusiasta en la empresa proyectada resulte imprescindible para alcanzar la última meta. Variante de la profecía autocumplida analizada por Robert K. Merton, la convicción expresada hace cinco días por el presidente del Gobierno no sería tanto un esperanzado deseo personal de lograr el fin de la violencia en el País Vasco como una meditada operación política encaminada a promover ese objetivo.

La relación causal establecida por Zapatero entre los estados de ánimo del cultivador de una política y los frutos de la cosecha estaba dirigida también contra el principal partido de la oposición: la apocalíptica profecía del PP según la cual la más mínima modificación de la estrategia antiterrorista adoptada por Aznar llevaría irremisiblemente a la capitulación ante ETA del Estado de derecho y a la ruptura de España es ciertamente la amarga vendimia de una actitud derrotista y embustera. Pese a las legítimas dudas que susciten la política del Gobierno y los riesgos asumidos por su presidente, la desestabilizadora estrategia del PP debe ser rechazada por conducir a un callejón de odio cerrado a cualquier posible alternativa democrática.