Más de lo mismo: déficit fiscal
El acuerdo Mas-Zapatero sobre la financiación de Cataluña no permitirá disminuir el déficit fiscal estructural del país (de entre el 8% y el 9% del PIB). Éste era el principal motivo de los partidos catalanes que aprobaron el Estatut en el Parlament, o al menos así lo parecía entonces. También la sociedad catalana, por boca de sus principales organizaciones económicas, sociales y cívicas, había manifestado la necesidad de un nuevo modelo de financiación. Es una constatación que sólo con una disminución sustancial del déficit fiscal las empresas catalanas podrán aumentar su productividad y competitividad, y la población catalana, especialmente la más necesitada, podrá mejorar su bienestar. Con el acuerdo Mas-Zapatero, Cataluña continuará teniendo un déficit fiscal muy importante porque ni se ha cambiado el modelo de financiación ni existe garantía de un incremento en los recursos financieros que recibirá. Así pues, Cataluña -su gente y sus empresas- continuará viviendo estresada por la falta de recursos que supone un déficit fiscal de la dimensión del que sufrimos. ¿Dónde quedan ahora las demandas de CiU de reducir el déficit a la mitad? ¿A qué ha jugado el PSC en todo este tiempo si en un argumentario para justificar el pacto nos dice: "Los déficit fiscales históricos y estructurales de capital público [que no niega que existan] eran más una reivindicación de cara a la negociación que un texto que pudiésemos pensar que se aceptaría"?
Con el acuerdo Mas-Zapatero desaparece cualquier referencia a disminuir el déficit fiscal
A diferencia de lo que se aprobó en el Parlament, el acuerdo Mas-Zapatero no supone ningún cambio en el modelo de financiación. La afirmación no es mía. Alfredo Pérez Rubalcaba defendía no hace mucho que el pacto supone algunos avances que caminan en la dirección de más autonomía fiscal, pero no es un cambio de modelo. En el acuerdo Mas-Zapatero desaparece cualquier referencia a la disminución del déficit fiscal o al reconocimiento de la deuda histórica y de otros rasgos diferenciales del modelo de financiación en Cataluña. Respecto a las inversiones en infraestructuras, se limita en el tiempo (¿por qué siete años?) su relación con el peso del PIB catalán, sin dar ninguna garantía de cumplimiento. Estos siete años supondrán, como mucho, 3.000 millones de euros, la mitad del coste de la terminal 4 del aeropuerto de Barajas. ¡Podremos hacer media terminal en el aeropuerto de El Prat!
El acuerdo Mas-Zapatero significa más de lo mismo, más modelo LOFCA, es decir, el actualmente existente con algunos retoques menores que no afectan en absoluto al núcleo del modelo vigente. Se introduce la LOFCA en el Estatut aparentando que ambos están al mismo nivel, aunque no tenga ningún valor jurídico; es más, ahora la LOFCA condicionará el Estatut desde su propio articulado. Se pasa de la recaudación de todos los impuestos en Cataluña y de una aportación de Cataluña al Estado por los servicios y competencias así como de una aportación a la solidaridad, a la cesión de una parte de los impuestos recaudados por el Estado en Cataluña a la Generalitat: 50% del IRPF, 50% del IVA, 58% de los impuestos especiales. Así pues, la Generalitat continuará recibiendo del Estado una parte de los impuestos recaudados en Cataluña.
Los criterios de nivelación (o solidaridad), como las necesidades de gasto, la capacidad fiscal o los niveles de servicios relativos al esfuerzo fiscal de Cataluña, continuarán siendo fijados por el Estado (o por el Consejo de Política Fiscal y Financiera) de forma discrecional e independientemente de la Comisión Mixta Estado-Generalidad. Esta comisión, y por tanto la bilateralidad, tendrá unas funciones testimoniales respecto al modelo aprobado por el Parlament.
El acuerdo limita la capacidad normativa de la Generalitat, aunque abre la puerta a la posibilidad de aumentar la presión fiscal en Cataluña. También disminuyen de forma clara las funciones de una agencia tributaria catalana, que será prácticamente igual a la actual Dirección General de Tributos, aunque podrá en el futuro, a partir de la decisión discrecional del Estado, constituir un consorcio para la Agencia Tributaria en (que no de) Cataluña. El retorno de la gallina es una falacia.
No hay ninguna garantía de que este acuerdo suponga más recursos para Cataluña. Como ha admitido el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Cataluña recibirá más del Estado en concepto de impuestos cedidos -tendrá más autonomía fiscal, que no soberanía-, pero su fondo de suficiencia disminuirá en una cantidad equivalente, pudiendo llegar incluso a ser negativo; en cualquier caso, los recursos que recibirá Cataluña en el primer año serán los mismos que ahora.
Antoni Soy es presidente del Consejo Asesor Municipal de ERC y profesor de Economía Aplicada de la UB.
