Oposición vecinal a la autopista de Ibiza

El dueño de un terreno expropiado para construir la primera autopista de Ibiza se abrazó llorando a la higuera de su pequeña finca el pasado miércoles para evitar que la arrancaran. Otro vecino saltó al interior de la cuchara de la pala excavadora mientras avanzaba. Y varias decenas de ciudadanos que se oponen también a esa nueva carretera se echaron al suelo y resistieron ante tres decenas de guardias civiles.

Un grupo de cerca de 200 vecinos de Ibiza plantan cara, de sol a sol, desde hace más de 15 días a las máquinas que construyen, por decisión del Gobierno balear y del Consell insular, gobernados por el PP, la autopista de la capital ibicenca al aeropuerto.

Las obran no avanzan ni cuando los guardias civiles rodean con un cordón de protección a las palas orugas. Enfrente se planta un anillo vecinal. Los automovilistas, al pasar por el lugar de la protesta, hacen sonar el claxon en apoyo al núcleo resistente. El frente está situado en Ca Na Palleva, una pequeña finca, en cuyos alrededores hay cuatro casas, de la misma familia, que se han de derribar.

Las autoridades, del PP, aducen que quieren favorecer la economía y reducir la siniestralidad

"Lucharemos hasta el final para salvar la tierra y las casas y no nos moveremos si no hay un auto judicial", manifestó en la tarde del pasado miércoles uno de los integrantes del colectivo de vecinos, ecologistas y algunos políticos de la izquierda que lleva 15 días movilizado contra la construcción de la autopista. Tres personas fueron detenidas el miércoles y una resultó con lesiones leves en los roces y empujones de la semana anterior.

Por la actual carretera circulan 30.000 vehículos al día, que cruzan zonas con núcleos urbanos. La financiación del nuevo proyecto, de seis kilómetros, se realiza a través del sistema del llamado peaje en la sombra, que representará el pago con fondos públicos de 220 millones de euros a la constructora en un plazo de 25 años.

Los gobernantes autonómicos e insulares aducen que con la construcción de la autopista cumplen su compromiso electoral, respaldado con mayoría absoluta, y que las nuevas carreteras son una exigencia ineludible para la seguridad y modernidad, con el fin de mantener los ingresos procedentes del turismo y frenar la alta siniestralidad. Ibiza, con una población de 106.000 habitantes, recibe 4,1 millones de turistas al año.

La resistencia de los vecinos a la construcción de la autopista probablemente resultará testimonial pero está siendo la más directa y tenaz de las realizadas por movimientos proteccionistas. En julio de 2005, más del 15% de la población de Ibiza salió a la calle para protestar contra el desarrollismo bajo el lema Ibiza al límite. SOS. Para el próximo viernes ha sido convocado otra marcha callejera contra las autopistas. En dos semanas han sido disueltas tres concentraciones.

"Estoy aquí, en la trinchera", declaró en una de las zonas de obra Miquel Ramon, diputado de IU, que denuncia "la falsedad y la mentira del Gobierno balear del PP en los procedimientos de expropiación y ocupación de terrenos". Los vecinos han efectuado reclamaciones y denuncias ante los tribunales para frenar las obras. En un caso, se paró temporalmente la expropiación y las máquinas fueron retiradas durante tres días.

Ayer, el vicepresidente portavoz del Consell Insular de Ibiza y Formentera, Joan Marí (PP), mostró voluntad negociadora. "Estamos dispuestos a estudiar alternativas", declaró. "Cambiar los proyectos no es factible, aunque sí perfilar, detallar actuaciones que sean asumibles".

El trazado está marcado y las obras adjudicadas y cerradas. La propiedad de la tierra en la zona es minifundista. Entre Can Sifre y Can Malalt, en 350 metros lineales, está previsto el derribo de 11 casas. Meses atrás, se inauguraron oficialmente las obras y la primera ocupación de terrenos. Los movimientos de tierra se iniciaron en terreno franco, en las fincas propiedad del ex ministro Abel Matutes, cuya empresa se ha asociado con la constructora concesionaria de la autopista, MAB, y cuya hija Estella es consejera de Carreteras del Consell.