Los socialistas de Córdoba censuran la actuación con las naves de Arenal 2000

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, sostuvo ayer que Urbanismo tenía que haber precintado las naves que la empresa Arenal 2000 construyó sin licencia a las afueras de la ciudad. Izquierda Unida, que gobierna en Córdoba, y Partido Popular han regularizado esta edificación mediante la aprobación de un plan especial. Hurtado volvió a repetir ayer que el Ayuntamiento da "trato de favor" con determinadas empresas.

Hurtado, que participa en la comisión de investigación que se ha creado en el Consistorio cordobés para analizar la gestión del Urbanismo, indicó que la Policía Local redactó un informe en marzo de 2005 en el que se alertaba de que se estaban produciendo "movimientos de tierras sobre una superficie de 5.000 metros cuadrados". El caso, según Hurtado, pasó a disciplina urbanística, que "instruyó un expediente de suspensión de obra y apercibimiento de precinto" en mayo. Pero la obra continuó y la Policía Local redactó otros dos informes en los que se alertaba de que la superficie se había duplicado y que se "estaban construyendo una nave y un sótano".

El portavoz socialista sostuvo que en otros casos similares "se han precintado muchas parcelas y obras sin licencia en la ciudad". Pero en el caso de las naves de Arenal 2000 se permitió, durante seis meses, "la construcción de tres naves más".

El responsable de la política urbanística en Córdoba, Andrés Ocaña (IU), negó ayer, a través de un comunicado, que haya existido "permisividad municipal" en este caso. Según Ocaña, "todo se ha hecho de acuerdo con la legislación vigente, que obliga a parar la sanción mientras se resuelven los trámites legales".

Hurtado explicó que tras los informes policiales "se cursaron dos multas coercitivas y un expediente sancionador". Por su parte, Ocaña argumentó que en el caso de las naves se emitieron dos órdenes de suspensión de las obras y que hubieran sido tres "de no haberse paralizado el proceso por la intervención de la Fiscalía". La Fiscalía de Córdoba paró el proceso sancionador al considerar que no existía delito alguno.