Las tres capitales se plantan y rechazan aplicar la ley antitabaco

Los ayuntamientos de las tres capitales vascas se han declarado insumisos a la pretensión del Gobierno de trasladarles la responsabilidad de aplicar la nueva ley Antitabaco, así como la capacidad para imponer las sanciones a los infractores. El alcalde de Bilbao, el peneuvista Iñaki Azkuna, se sumó ayer al plante que el pasado viernes anunciaron sus homólogos de Vitoria y San Sebastián. A estas tres ciudades podrían sumarse este próximo jueves la mayoría de los consistorios vascos, que tienen previsto reunirse en el seno de Eudel para tratar esta cuestión.

Azkuna fue ayer más contudente que Alfonso Alonso y Odón Elorza. Criticó que el Gobierno haya delegado toda la responsabilidad en esta materia a los entes locales "sin consultar con los ayuntamientos", y anunció que no va a pedir a la Policía Municipal que aplique la ley Antitabaco en Bilbao porque "no es su competencia". La decisión del regidor bilbaíno es firme y está apoyada en un informe que encargó a los servicios jurídicos municipales, en el que se concluye que la aplicación de la polémica reglamentación contra el tabaco "debe realizarse en el seno de los órganos de las Comunidades Autónomas y no de otras administraciones". Dicho informe se acoge al artículo 22.2 de la ley Antitabaco, que estipula que la instrucción de expedientes y la imposición de multas por fumar en lugares no permitidos corresponde a "los órganos competentes de las Comunidades Autonómas", entre los que, precisa Azkuna, no se encuentran los alcaldes.El Ayuntamiento de Bilbao comunicó a través de un comunicado que la administración municipal no puede asumir la función de sancionar las infracciones basándose en la ley vasca de Drogodependencias, como sugiere el informe del Gobierno vasco, puesto que "los tipos infractores entre la ley estatal y la autonómica no coinciden". Por otro lado, Azkuna advierte de que cualquier delegación de competencias a los ayuntamientos "requiere su aceptación por el municipio afectado, salvo que se imponga por ley". Y en todo caso, si se le concede la capacidad sancionadora, "habrá de ir acompañada necesariamente de la dotación económica para desempeñarla".

Los alcaldes de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, cada uno de distinto partido, han hecho causa común en este asunto, manifestando su malestar por no haber sido consultados previamente por el Gobierno vasco. Los responsables municipales de Sanidad de las tres capitales mantuvieron ayer una reunión en la capital guipuzcoana en la que, además de ratificar su oposición al informe del Ejecutivo, aunaron criterios sobre algunos puntos de la nueva legislación y del régimen sancionador con vistas a la reunión del próximo jueves en Eudel.

El concejal de Sanidad donostiarra, Denis Itxaso, manifestó al término de esta cita que los ayuntamientos no quieren que la aplicación de la norma se adopte de forma "unilateral". "Si [el Gobierno] quiere que los ayuntamientos asuman esta tarea, que lo haga de forma coordinada", añadió. "No quisiéramos pensar que el Departamento de Sanidad está escurriendo el bulto", dijo Itxaso tras la reunión entre los directores de Sanidad. Según éstos, la aplicación de la ley conllevará un incremento del volumen de trabajo en los consistorios, por lo que volvieron a solicitar más recursos humanos y económicos para atenderla.

Itxaso defendió la necesidad de establecer unos "criterios generales mínimos" entre los ayuntamientos, por lo que reclamó a la asociación Eudel que elabore una ordenanza tipo para aplicar la ley antitabaco. Esa ordenanza, propuso, debería ofrecer a los consistorios "margen de maniobra" a la hora de perseguir y castigar las infracciones. Por último, el concejal aclaró que, a su juicio, la competencia sobre la ley debe recaer en el área de Salud Pública y no en la de Sanidad, ya que los municipios vascos de pocos habitantes carecen de este servicio.