La Junta impuso 306 sanciones en 2005 por infracciones en la venta de pisos

Más transparencia y más garantías. Éstos son los objetivos del nuevo reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamientos de viviendas de Andalucía, que hoy entra en vigor. Esta norma obligará a las inmobiliarias a dar a los consumidores información detallada sobre el alquiler y la venta de viviendas, tanto nuevas como de segunda mano. En 2005, la Junta abrió 306 expedientes sancionadores a promotoras y constructoras por incumplir la normativa de información. Las multas ascendieron a 2,7 millones de euros.

La consejera de Gobernación, Evangelina Naranjo, señaló ayer que su departamento realizó el año pasado 351 en empresas promotoras, constructoras e inmobiliarias, lo que supone un incremento del 61% respecto a 2004. De estas inspecciones, 306 culminaron con un sanción. Los sanciones están relacionadas, sobre todo, con la inclusión cláusulas abusivas en la venta de los pisos, por información deficiente, por no disponer de hoja de reclamaciones o por publicidad engañosa.

En 2005, la Administración autonómica recibió un total 1.529 quejas de consumidores contra empresas vinculadas con el mercado inmobiliario. 468 reclamaciones fueron por los llamados vicios ocultos (fallos en la construcción); 181, por el incumplimiento de la memoria de calidades de la vivienda y 89 por retrasos en la fecha de entrega del inmueble. El resto de quejas se refieren a la falta de garantías por el dinero entregado a cuenta o por cláusulas abusivas.

Naranjo destacó que está vigilancia del mercado inmobiliario va a seguir en 2006, sobre todo a partir de la entrada en vigor, desde hoy, del reglamento de información al consumidor en la compraventa y alquiler de viviendas. La consejera quiso subrayar que a partir de hoy "desaparece la letra pequeña de los contratos inmobiliarios".

Este reglamento, señaló Naranjo, es una iniciativa pionera en España ya que exige a las inmobiliarias y promotoras a facilitar información clara y precisa sobre las características del inmueble que se vaya a vender o alquilar y de las condiciones económicas de la oferta.

El reglamento prevé sanciones que pueden llegar a los 5.000 euros en caso de faltas leves, hasta 30.000 euros para las graves y un máximo de 400.000 euros para las muy graves. La norma, dijo la consejera, "mejorará la confianza de los andaluces en el sector inmobiliario; amplía el derecho del consumidor a tener información clara y rigurosa; mejora la información sobre viviendas de segunda mano y nace de forma automática la información sin necesidad de compromiso previo entre el usuario y el intermediario".

Desde hoy, los consumidores deberán recibir de las empresas el Documento Informativo Abreviado (DIA) cuando se interesen por una vivienda en proyecto o en construcción, una nueva ya construida o que esté en alquiler. Este documento concreta las características físicas y jurídicas de la vivienda, de su entorno, así como su precio y forma de pago. Fuentes de Gobernación apuntaron ayer que esta medida clarifica el mercado inmobiliario al convertir en obligatorio algo que hasta ahora sólo cumplían algunas empresas, que incluso llegaban a cobrar por este documento.

La otra novedad es la regulación más extensa que se hace de la venta de viviendas de segunda mano. En este caso, las inmobiliarias tienen que entregar al consumidor una Ficha Informativa en la que se recogerán todos los datos relativos a la vivienda. Este sector, hasta ahora, únicamente contaba con algunas directrices básicas como la prohibición de cláusulas abusivas en los contratos. "El promotor que piense que por cumplir el decreto va a perder clientes, peor para él", dijo Naranjo.