Cerco judicial al PP por la Zona Franca

Los procesos penales y contables contra los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna avanzan sin que éstos desmonten las irregularidades detectadas por la Abogacía del Estado y el Tribunal de Cuentas. La Justicia juzga a estos dirigentes populares -propuestos por la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, con el beneplácito del entonces ministro de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato- por los supuestos desmanes en los casos Rilco y Quality Food. La gestión de estas dos sociedades del recinto fiscal gaditano -que no tenían parangón con la actividad histórica de la Zona Franca- ha causado un irrecuperable quebranto económico superior a los 50 millones de euros y ha situado a este organismo al borde de la quiebra.

- Querella Abogacía del Estado contra Rodríguez de Castro

El juzgado de instrucción número 4 de Cádiz le ha citado a declarar el próximo 22 de julio como presunto autor de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. Está acusado de adjudicar irregularmente un contrato millonario para crear una red informática que nunca llegó a funcionar. Esta acción penal incluye a los empresarios colombianos Germán y Camila Leiva, a los que el abogado del Estado José Ignacio Monedero acusa de crear la empresa ficticia Miami Free Zone -con sede en EE UU- a la que Rodríguez de Castro adjudicó un contrato para "apropiarse indebidamente" de 4,2 millones de euros. Los primeros pagos los firmó el ex delegado el mismo día y después de cesar en el cargo. La declaración del matrimonio Leiva desveló que estos empresarios se habían asociado con Rodríguez de Castro antes de recibir el contrato millonario. Posteriormente, los tres participaron conjuntamente en otras empresas.

- Querella Abogacía del Estado contra Osuna

Esta misma querella actúa contra Osuna por un presunto delito societario. Se le acusa de mantener este contrato con Miami Free Zone y autorizar los últimos pagos pese a que tuvo conocimiento del supuesto fraude tras encargar varios informes. Este múltiple proceso incluye a Telvent, que recibió 2,5 millones para colaborar en la red informática porque "existen indicios de que participó en la maquinación fraudulenta".

- Tribunal de Cuentas contra Rodríguez de Castro.

1-Procedimiento de Enjuiciamiento Contable

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ultima este proceso en el que acusa al ex delegado de gastar "injustificadamente" y no devolver 550.000 euros de dinero público en viajes por más de una docena de países, regalos, hoteles, restaurantes y asesorías injustificadas entre 1997 y 2001.

2-Derivación Penal

Este procedimiento para el "resarcimiento del dinero público" puede incluir una "posible derivación penal", con posibles penas de cárcel, según han precisado varios letrados del Tribunal de Cuentas.

3-Embargo

El Tribunal de Cuentas ha embargado al ex delegado las acciones de cinco empresas de su propiedad -Oda Móviles, SL; Fanatic Movil, SL; Premium Atlas, SL; Iberian Reits España, SL; y Agencia Hispano-Azteca, SL- y un vehículo de alta gama, con cinco años de antigüedad. Se trata de una medida preventiva en ejecución de la providencia que el presidente de este tribunal, Ubaldo Nieto, dictó el 26 de abril de 2005 en la que ordenaba el embargo de sus bienes y derechos por la cantidad de 549.159 euros que no ha devuelto.

4-Multa

La Sección de Enjuiciamiento le impuso el pasado 16 de enero una multa económica, cuya cantidad no ha transcendido, a Rodríguez de Castro por no acudir a la vista a la que fue citado a declarar. La sala no atendió las excusas de su abogada Isabel Márquez, quien adujo que su cliente no podía viajar desde Panamá -su lugar actual de residencia- a Madrid "sólo" para declarar, y lamentó que no pudiera declarar mediante videoconferencia.

- Tribunal de Cuentas contra Osuna

1-Investigación

Este órgano ha asumido el mandato que le encargó el 8 marzo de 2005 el Congreso de los Diputados y desde el 29 de abril fiscaliza la gestión de Osuna al entender que pudieron cometerse irregularidades entre 2001 y 2004. Se prestará especial atención a los contratos millonarios que suscribió Rilco, así como a la gestión de Quality Food, donde pudieron pagarse comisiones ilegales para adquirir contratos de suministro del Ministerio de Defensa. El PP no apoyó esta investigación en el Congreso.

- Otros procesos paralelos

1-Querella Quality Food

Un juzgado de Cádiz tramita la querella de la Abogacía del Estado. Se acusa de presuntos delitos de fraude, apropiación indebida y estafa al ex presidente de esta empresa, Manuel García Gallardo, ex destacado militante del PP; al empresario Rafael Borrego, por la venta irregular de unas parcelas, y al ex director del BBVA en San Fernando, Víctor Ocaña, por expedir certificados falsos de ingresos millonarios que nunca se efectuaron.

2-Juicios civiles Quality Food

Gallardo fue condenado en cinco demandas civiles a pagar a la Zona Franca 1,18 millones. Dos juicios se repetirán porque han sido anulados.