Un error de Hacienda deja en el aire la investigación que afecta a Terra Mítica

Un error de la Agencia Tributaria ha anulado la investigación iniciada por un juzgado Valencia en noviembre sobre una supuesta trama de facturas falsas que implica a 17 empresas, entre ellas Terra Mítica, para defraudar a Hacienda. La Audiencia de Valencia ha admitido el recurso de un imputado y señala un defecto en el expediente de la Agencia Tributaria, cuya reparación pone al límite de la prescripción parte de los delitos fiscales denunciados.

La fiscalía admite que no hay recurso, pero pedirá aclaraciones a la Audiencia

Ricard Cabedo, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, señaló: "Cuando una denuncia de la Agencia Tributaria llega aquí goza de la presunción de corrección absoluta. Y parece que no ha sido así". Esa fue una de sus apreciaciones sobre el auto de la sección tercera de la Audiencia de Valencia que decreta "la nulidad de lo actuado en la vía penal, con devolución del expediente a la administración tributaria para cumplir con el trámite previsto".

Esa decisión de la Audiencia es la respuesta al recurso presentado por uno de los empresarios implicados en la supuesta trama. Francisco Escoto fue señalado por la Agencia Tributaria como integrante del núcleo de la trama de falsificación de facturas (seis empresas de las 17 denunciadas), debido a las irregularidades en la tributación de una factura de más de 700.000 euros contra Terra Mítica.

Escoto, responsable de una sociedad de excavación, recurrió su imputación. Argumentó que la Agencia Tributaria no le permitió alegar el dictamen sobre su liquidación, que le señalaba como defraudador. Juez y fiscal desestimaron tal recurso. Pero Escoto lo elevó a la Audiencia por vulneración del artículo 24 de la Constitución (que recoge el derecho a la tutela judicial). La Audiencia le ha dado la razón, considera que la Agencia Tributaria cometió un error y se saltó un trámite previsto por la Ley General Tributaria. La anulación de "todo lo actuado en vía penal" y la devolución "del expediente" al momento en el que hubiera correspondido alegar a Escoto (y por extensión ahora a quienes no permitió ese trámite Hacienda) afectan a toda la investigación y ponen al límite de la prescripción los delitos supuestamente cometidos en 2000. Además, se invalida la información obtenida en la fase previa de las diligencias judiciales que apuntaban a la comisión de un posible delito continuado de falsificación en documento mercantil. Si es nulo todo lo actuado penalmente, no existe la información obtenida.

La Agencia Tributaria inició en 2000 una investigación que a finales de junio pasado entregó a la fiscalía señalando un delito fiscal por importe de 4,4 millones de euros en los ejercicios 2000 y 2001 a través de la defraudación en los impuestos de IVA y de Sociedades. Implicó a 17 empresas, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm y dos sociedades del empresario Vicente Conesa (quien ya estuviera relacionado en 1995 con la adjudicación irregular de varios proyectos millonarios del Ayuntamiento de Benidorm cuando Eduardo Zaplana era alcalde y que ha sido señalado en las declaraciones como nexo entre Terra Mítica y una sucesión de proveedores). Las dos empresas de Conesa concentran más de la mitad del total defraudado, 2,7 millones de euros. A Terra Mítica se le imputa una defraudación de 180.000 euros. La Agencia Tributaria optó por un expediente conjunto porque entendió que existía trama. Y lo hizo apenas dos meses antes del plazo de las primeras prescripciones, que hubieran sido en septiembre pasado.

Devolver la causa al momento previo a que la Agencia Tributaria cerrara el expediente significa que el tiempo que quedaba, unos dos meses, para la prescripción de los delitos fiscales cometidos en 2000 se empezará a consumir en cuanto el juez instructor decrete el archivo de la causa, en breve. La Agencia Tributaria tiene ahora que recuperar el expediente, citar a Escoto y a todo el que lo pida y no hubiera sido oído en su día y tramitar las alegaciones (tiempo que no paraliza la prescripción). Si lo hace en menos de dos meses (difícil según la fiscalía) la causa estaría viva. De no ser así, caerían de la denuncia algunos de los delitos.

Pero el auto tiene más consecuencias. Escoto recurrió sólo lo que tenía que ver con un trámite administrativo por supuesto delito fiscal. La Audiencia ha respondido sobre todo lo actuado. Es decir, la información desvelada desde que se abriera la causa y que señala otros delitos, como el continuado de falsificación en documento mercantil, ha sido también anulada. Ese delito caduca a los cinco años. Por tanto, los cometidos en 2000 estarían también al borde la prescripción.

La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, no se pronunció ayer sobre el asunto y, por tanto, no pudo dar cuenta de por qué pasó inadvertido el error de la Agencia Tributaria. Cabedo reconoció que no cabe recurso y que con toda probabilidad una parte importante de la causa se perderá. La fiscalía explorará un resquicio con la presentación el lunes de un recurso de aclaración con el objetivo de que la Audiencia precise que anula sólo lo que se refiere a los delitos fiscales y no a la falsificación, para que la investigación pueda seguir viva.