Los socialistas se quedan solos en la defensa de las sanciones impuestas en las calles

Los socialistas se quedaron ayer un poco más solos en la aplicación de la ordenanza. A la distancia marcada por ICV, que no quiso aprobar la norma, se añadió ayer la de Esquerra Republicana y la de CiU. Los populares optaron por el silencio. Esquerra cree que la norma se aplica mal y que se están vulnerando los derechos de ciudadanas porque, dijo la concejal Pilar Vallugera, "la prostitución no es delito". CiU cree que las actuaciones municipales, tal como se llevan a cabo, sólo pueden tener un resultado: las prostitutas se irán de un sitio para instalarse en otro.

La ordenanza no se aplica bien. Ni en su espíritu ni en su letra. Nada hay en ella que permita sancionar a las prostitutas como se ha hecho hasta ahora. Así lo afirmó ayer la concejal de Esquerra Republicana Pilar Vallugera, responsable de Derechos Civiles. Vallugera cree que ha habido "exceso de celo o una mala interpretación de la norma". Y asegura que la voluntad de su grupo político al apoyar la ordenanza era la de introducir las cauciones necesarias para que fuera más preventiva que represiva. "Los despliegues de policías no son una solución", afirmó Vallugera.

La concejal de Derechos Civiles mostraba ayer su incomodidad con las actuaciones de la Guardia Urbana y sugería que las personas denunciadas deben recurrir las denuncias e incluso llevar el asunto a la Sindicatura de Greuges.

Vallugera aseguró que las multas de las que ha tenido noticia no sólo no respetan el espíritu que llevó a Esquerra a votar a favor de la norma, ni siquiera respetan la letra estricta. "No estaban a menos de 200 metros de una escuela ni realizaban una ocupación masiva de la calle que impidiera la utilización a los demás".

La concejal, que lleva dos días visitando el terreno para conocer lo que pasa sin intermediarios, sostiene que el pacto sobre la ordenanza suponía, sobre todo, tiempo para aplicar las normas sin imposiciones represivas. "Lo primero era ir a ver a la gente a través de educadores, no con un gran despliegue de la Guardia Urbana", dijo. En su opinión, el municipio necesita dialogar con los afectados y, sobre todo, no vulnerar los derechos civiles. "Lo que necesitamos es aplicar la ordenanza con tranquilidad y cautela porque algunas de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen de modo voluntario, pero otras no son voluntarias y resultan muy vulnerables", además de ponerse a disposición de "quien vea vulnerados sus derechos".

Vallugera coincide con el líder de CiU, Xavier Trias, en que las intervenciones indiscriminadas de la policía pueden tener un efecto de deslocalización y hacer que el problema desaparezca en la ronda de Sant Antoni pero aparezca en cualquier otro punto de la ciudad con menos vigilancia policial.

Trias defiende la aplicación de la ordenanza "pero no así. Hace falta más mediación y menos multas". No obstante, Trias y Vallugera discrepan en la evaluación política. Mientras la concejal republicana insiste en separar el debate del proceso electoral, Trias ve en los modos aplicados por "Clos y Hereu" [Jordi Hereu, concejal responsable de la Guardia Urbana] una muestra más del aislamiento de los socialistas que ni siquiera, dijo, "hablan con sus socios de Gobierno, porque confunde el liderazgo necesario en la ciudad con el ordeno y mando".

Ricard Gomà (ICV) cree que la aplicación de la ordenanza cumple lo previsto y que no era necesario haber intervenido de modo tan drástico en el caso de la prostitución.

La concejal socialista Assumta Escarp, en cambio, sostuvo que todo se hace sin estridencias, aunque lamentó no haber podido hablar con Vallugera: "La he llamado varias veces y no me ha devuelto las llamadas", dijo. Escarp insistió en la falta de represión. "Lo que hace la Guardia Urbana es informar y tomar nota. Lo previsto".