La Junta plantea que las autonomías creen nuevos impuestos y que el Estado prometa no impugnarlos

El Gobierno andaluz va a plantear que las comunidades autónomas puedan crear nuevos impuestos, una potestad que tienen muy limitada y de la que han hecho un uso muy tímido, y que la Administración central se comprometa a no recurrir estos futuros tributos ante el Tribunal Constitucional. Ésta es una de las cuatro cuestiones que, de forma prioritaria, la Junta de Andalucía va a defender cuando se negocie el futuro sistema de financiación autonómica.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de CiU han llegado a un acuerdo básico sobre la financiación autonómica para desatascar el Estatuto de Cataluña. Este acuerdo establece que las autonomías recibirán un mayor porcentaje de los impuestos que ya tienen cedidos. Así, la cesión a las autonomías del IRPF pasará del 33% al 50%; del IVA, del 35% al 50%; y de los impuestos especiales (alcohol, tabacos e hidrocarburos) del 40% al 58%.

Puestas estas bases, las comunidades autónomas están afinando las propuestas que llevarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano integrado por las autonomías y el Gobierno central en el que se define la arquitectura final del sistema de financiación autonómica.

El consejero de Economía, José Antonio Griñán, anunció ayer en el Parlamento las cuatro propuestas que, de forma fundamental, va a defender Andalucía en el CPFF. Las propuestas son las siguientes:

- Financiación de la Educación. La financiación autonómica cubre las necesidades de gasto que tienen las comunidades para hacer frente a las competencias que tienen asumidas. Andalucía va a plantear que cuando se analicen las necesidades de gasto en educación se pondere la población desde los cero hasta los 25 años o, en cualquier caso, hasta los 16 años (límite de la enseñanza obligatoria). Esta ponderación se hace ya con la sanidad, al tenerse en cuenta la población mayor de 64 años que tiene cada comunidad. La Junta también pedirá que se analice el efecto que va a tener la Ley de Dependencia del Gobierno central sobre el gasto autonómico.

- Fondo de suficiencia. El fondo de suficiencia cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que éstas reciben por sus ingresos tributarios. Hasta ahora, sólo Madrid y Baleares ingresan más por impuestos de lo que se estableció para cubrir sus necesidades de gasto. Andalucía, que seguirá siendo receptora del fondo de suficiencia, va a plantear que este transferencia del Estado aumente cada año conforme al producto interior bruto nominal (PIB más inflación) o según lo que crezcan anualmente los ingresos tributarios del Estado (ITE), que en los últimos años han tenido un comportamiento más dinámico.

- Espacio fiscal propio. Las autonomías tienen ahora poco margen para crear impuestos propios. Cuando lo han hecho, la mayoría de las veces han sido impugnados por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. En el caso de Andalucía, el Gobierno del PP recurrió uno de los tributos de la llamada fiscalidad ecológica que aprobó la Junta. Griñán planteará que las comunidades puedan crear nuevos tributos (ecológicos, sobre el agua, la actividades turísticas o la ordenación del territorio) y que haya un "compromiso expreso" del Gobierno central de que no va a recurrirlos.

- Aumento del FCI. Griñán quiere que el Gobierno duplique el dinero que destina al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), un instrumento que financia gastos de inversión en las comunidades menos desarrolladas. Según Griñán, si el FCI se dobla, Andalucía obtendría unos 600 millones de euros más al año.

Griñán hizo estas propuestas en la Comisión de Economía, en la que tuvo un agrio debate con el portavoz del PP, José Enrique Fernández de Moya, quien centró sus críticas en los beneficios que va a obtener Cataluña con el nuevo modelo de financiación. El diputado popular resumió su intervención con la frase: "La propuesta es injusta, insolidaria e inconstitucional". Griñán le replicó reclamando al PP que "deje de enfrentar a españoles entre sí con mentiras".

Por la mañana, el presidente regional del PP, Javier Arenas, aseguró que el acuerdo entre el Gobierno y CiU sobre la financiación autonómica y el futuro de los fondos europeos hace que se hayan "encencido todas las señales de alarma" en Andalucía. Arenas, que dijo que no quería incurrir en el "catastrofismo" porque hace "perder credibildad", aseguró que el sistema de financiación va a favorecer a las comunidades más ricas y tildó de "aberración" que el Gobierno vaya a garantizar inversiones en Cataluña conforme a su aportación al PIB español.