El Gobierno liquida las cámaras urbanas tras diez años de retraso y conflictos

El Consejo de Gobierno dio por fin ayer luz verde al decreto que determina el cierre de las cámaras de la propiedad urbana, con más de diez años de retraso respecto a la aprobación de la normativa estatal que las suprimió como corporaciones de derecho público. Esa normativa data de 1990 y 1994. El Ejecutivo entiende que con el decreto cumple la obligación que corresponde a la comunidad autónoma de aplicar esa legislación, recordada por varias sentencias judiciales y que no asumió hasta que en 2003 una auditoría reveló graves deficiencias de gestión y pérdidas importantes de patrimonio en las Cámaras de Vizcaya y Guipúzcoa. La primera había perdido entre 1999 y 2002 1,1 millones y la segunda 910.346 euros.

El decreto fue presentado por el consejero de Vivienda, Javier Madrazo. Su departamento se hará cargo del proceso de liquidación, que calculó que durará varios meses, y de la prestación a todos los propietarios e inquilinos de los servicios de asesoramiento, visado oficial y registro de contratos de arrendamiento que las cámaras han venido ofreciendo hasta ahora sólo a sus socios. El consejero destacó que la actuación del Gobierno cuenta con el apoyo también de los grupos del PSE y el PP.

Durante esos meses de transición, cualquier persona interesada seguirá recibiendo atención en las oficinas actuales de las Cámaras, a cuyo frente colocará el Gobierno un funcionario delegado que asumirá las labores directivas. Sus órganos de gobierno quedarán disueltos en cuanto entre en vigor el decreto, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

Cuando el proceso de liquidación esté culminado, los servicios se ofrecerán en las delegaciones territoriales del departamento de Vivienda. Ese período de tiempo se empleará en elaborar el inventario del patrimonio, que Madrazo estimó en unos 19 millones, y que se dividirá en dos bloques: el obtenido mientras las cuotas eran obligatorias (entre 1927 y 1989) y el posterior. Ambos pasarán al Gobierno, pero el atribuible a esos 17 años de voluntariedad de las cuotas podrá ser adscrito a asociaciones dedicadas a la defensa, promoción e información de propietarios u usuarios de viviendas urbanas, siempre que se constituyan sin ánimo de lucro. El plazo para solicitarlo será de un año.

Respecto al personal que trabaja en las Cámaras, 50 personas, según el consejero, 12 se han integrado ya en la Administración y el resto deberá optar entre seguir sus pasos o aceptar una indemnización de 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades.

La tres cámaras anunciaron ya su intención de recurrir el decreto en cuanto el Gobierno lo aprobara, pero el Ejecutivo está seguro de haber redactado una norma "blindada" por su ajuste a la legalidad vigente y a la jurisprudencia generada desde 1990. La Cámara de Vizcaya anunció de inmediato una comparecencia para hoy mismo.