Tarjeta roja

Al juez instructor del caso del 11-M, Juan del Olmo, le han sacado la tarjeta roja sus colegas de la Audiencia Nacional ante la desesperante lentitud de la instrucción del sumario del múltiple atentado de 2004. Casi dos años después de la matanza que causó 191 muertos a manos de integristas islámicos, el magistrado aún no ha dictado auto de procesamiento sobre el caso, en el que figuran 116 imputados, 27 de los cuales se hallan en prisión preventiva. Si no se pone remedio, la mayoría de los encarcelados puede quedar en libertad antes de que se celebre el juicio, previsiblemente en 2008, al rebasarse el máximo de prisión preventiva. Si se diera esa circunstancia, la situación habría que calificarla de bochornosa para la judicatura e insoportable para la ciudadanía.

La Audiencia Nacional le ha concedido al juez dos meses de plazo improrrogable para concluir el macrosumario de más de 60.000 folios. Del Olmo tenía previsto antes del pasado verano juzgar a un tercio de los imputados, pero el afán de agregar más y más datos ha ido retrasando el procesamiento hasta el extremo de que algunos de los imputados podrían salir de su internamiento antes del juicio, con el consiguiente riesgo de fuga. Algo que ya sucedió en 2002 con Alekema Lamari, que sería luego uno de los autores materiales del 11-M que se suicidaron en Leganés.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo reconocía, por otra parte, esta semana la imposibilidad de poder decidir antes del próximo 17 de febrero los recursos de casación de 18 de los 24 islamistas condenados por la llamada Operación Dátil, que engloba al entramado financiero de activistas de Al Qaeda en España relacionados con el atentado de Nueva York de 2001. Dos de ellos ya han sido excarcelados al haber cumplido la mitad de su condena y otros dos saldrán en libertad en febrero si el Supremo no convierte en firmes las sentencias dictadas en primera instancia.

Alguna vía legal habrá de contemplarse para evitar que se produzca este efecto escandaloso. No basta el argumento, por muy real que sea, de que no se puede ir más rápido en el estudio de dictámenes, ni cabe echar las culpas a un sistema judicial lento y excesivamente burocratizado. Eso ya lo sabe, y padece, la opinión pública, como lo refleja la última encuesta del CIS, en la que los españoles acusan de lentitud a la judicatura (80%) y le otorgan poca o ninguna confianza (56,3%). En lugar de dedicarse a elaborar informes que nadie le ha pedido, como el del Estatuto catalán, bueno sería que el Consejo General del Poder Judicial arbitrara con el Ministerio de Justicia algún mecanismo urgente para evitar escándalos de esta laya.