El empujón federalizante

La posibilidad de celebrar un referéndum como el que mencionó esta semana Mariano Rajoy fue rechazada por 240 votos en contra, 4 abstenciones y 16 votos a favor en 1978, durante el debate constitucional. Los votos favorables fueron los de Alianza Popular y de ERC, y los contrarios, los de todos los demás. De hecho, ese artículo fue uno de los que más cambiaron a su paso por el Congreso, sobre todo porque la izquierda y el centro tenían pánico a que fuera utilizado con fines populistas y a que se produjeran conflictos graves entre el Parlamento y el resultado de algunas de esas consultas. Fraga, gran defensor del referéndum, ayudó a unificar los criterios cuando aludió, con sinceridad, a las leyes "polémicas" que, a su juicio, podrían ser sometidas inmediatamente a ese examen público: las del divorcio y del aborto.

La iniciativa actual de Rajoy queda, pues, limitada a una simple recogida de firmas, sin soporte legal, lo que no quiere decir que no tenga efectos políticos y mediáticos. El primero de ellos es que durante toda la campaña se seguirá hablando del Estatut, lo que taponará cualquier esfuerzo para advertir a los ciudadanos sobre otros aspectos de la vida pública cada vez más inquietantes. Quizás el primero de ellos sea el intolerable funcionamiento de la justicia, y especialmente del órgano encargado del gobierno del Poder Judicial (CGPJ).

Lo preocupante no es que el CGPJ se pronuncie sobre el texto enviado por el Parlamento de Cataluña. Lo inquietante es que, organizado como está organizado, y gobernándole quienes le gobiernan, en el Poder Judicial están sucediendo cosas de difícil comprensión: por ejemplo, la puesta en libertad de presos de Al Qaeda relacionados con el atentado de Nueva York simplemente por culpa de retrasos judiciales. ¿De verdad piensan los responsables del gobierno de los jueces que los ciudadanos de este país van a soportar que los acusados de realizar los atentados de los trenes de cercanías de Madrid salgan también en libertad, como será su derecho, si el sistema judicial no es capaz de hacer su trabajo a tiempo?

Otra consecuencia de la iniciativa del PP es que tampoco va a permitir que se desarrolle lo que debería ser un debate sensato, y muy interesante, en la Comisión Constitucional,sobre el nuevo Estatut y sus repercusiones en el conjunto del Estado. Porque, aunque todavía no se conoce con precisión el texto pactado con tanta habilidad por Zapatero, sí parece que algunos extremos, cuando se generalicen, podrían suponer la profundización del sistema "federalizante" español.

Empeñados en discutir sobre cosas inexistentes (peligro para la unidad de España, recorte de la soberanía) se puede desaprovechar la ocasión para debatir realmente sobre la "federalización" de España, algo que puede acarrear el nuevo sistema de financiación, cuando se aplique al conjunto de las comunidades autónomas. Se tardará lo que se tarde, pero los mecanismos aprobados ahora permitirán a todas las comunidades disponer de más recursos económicos, lo que, lógicamente, supondrá el adelgazamiento de los medios a disposición de la Administración central (salvo que suban los impuestos o la deuda pública). Las autonomías, en su conjunto, van a recibir un gran empujón, y quizás ya sea hora de hablar de la palabra de 11 letras que comienza por efe. Algunos incluso creemos que el sistema federal es el mejor método de organización territorial y que se convierte a menudo en el auténtico enemigo de los nacionalismos, porque exige lealtad e igualdad, algo que es una maldición para los obsesionados con la identidad.

La naturalidad con la que Zapatero ha puesto en marcha este proceso es novedosa, pero sigue echándose en falta un debate más extenso y más público. Parece que el hecho de que el nuevo Estatut se vaya a aprobar con el voto en contra del PP no le provoca el menor aleteo en el pecho. Son otros, de más edad, quienes manifiestan inquietud. No porque los dirigentes del PP estén en contra, lo que no tiene importancia, sino porque todo el proceso arranca sin el acuerdo de los votantes del PP, que son varios millones, que sí son importantes y a los que quizás convendría convencer. Zapatero, según una reciente encuesta, tiene una aceptación del 58% entre los electores de 18 a 34 años: quizás a ese sector de la población le suceda lo mismo que a él y no sienta el miedo a la radicalización de la derecha. Otros lo conservan vivo. solg@elpais.es