Cuatro juzgados investigan a varias redes que estafaron a un centenar de inmigrantes

Cuatro juzgados de Bilbao investigan desde esta semana la presunta estafa a un centenar de inmigrantes en el proceso de regularización del pasado año. Siete personas, entre ellas dos abogadas, han sido denunciadas por 60 casos concretos, que afectan en su mayoría a subsaharianos, por parte de la coordinadora vasca de ONG de apoyo a los inmigrantes Harresiak Apurtu. Este colectivo asegura que se han presentado ya un centenar de denuncias judiciales, pero que la cifra de estafas es muy superior y puede elevarse a entre 200 y 300, afirmaron ayer sus portavoces.

La actuación fraudulenta se basó en la formalización con los inmigrantes de contratos de trabajo falsos para empresas inexistentes, que carecían de medios materiales ni recursos, y que se constituyeron días antes del inicio del proceso de regularización extraordinaria de extranjeros, el 7 de febrero del pasado año.

Las investigaciones de Harresiak Apurtuz, que agrupa a más de 35 colectivos, se han prolongado durante más de cuatro meses y han detectado cuatro grupos diferenciados de fraude. Dos de ellos estaban encabezados por dos abogadas, que trabajaban para empresas inexistentes. Una de las letradas está implicada en 30 de los 60 casos. De un tercer bloque de casos sería responsable otra persona que cobraba por la entrega de las solicitudes de residencia, un trámite que ni siquiera cumplía. El cuarto grupo de casos corresponde a una falsa ONG, que abrió una oficina y luego desapareció, que tramitaba los contratos de trabajos con una empresa que luego no existía.

A fines del año pasado Harresiak Apurtu trasladó sus pesquisas, que incluyen la información documentada de los falsos contratos y los pagos realizados, al Cuerpo Nacional de Policía. Los agentes han confirmado los presuntos delitos en los 60 casos y la pasada semana trasladaron todos los datos a los juzgados. Esta semana se han repartido los casos entre los de instrucción 2, 3, 4 y 5 de Bilbao.

La mecánica de los presuntos engaños a los inmigrantes era similar. Una persona se presentaba en las colas donde esperaban a regularizar su situación y les ofrecía su ayuda.Estos ganchos, que también se desplazaron a lugares de reunión de inmigrantes, se ofrecían a tramitar la documentación, contactar con empresarios y ofrecerles un contrato que era falso. Luego, al ser rechazada la petición por los funcionarios -en otras ocasiones los presuntos estafadores ni siquiera presentaban las solicitudes a la Administración- e intentar reclamar el inmigrante a dichas personas, estaban ilocalizables y las empresas que les iban a contratar no existían.

Las víctimas del engaño aportaron de media entre 600 y 1.000 euros por los documentos. Por ello, Harresiak Apurtu calcula que la presunta estafa asciende a más de 60.000 euros. "Se ha cobrado por trámites como ir a la Policía a recoger un papel", afirmaron. "Aparte del dinero que supone", agregaron, "lo peor es la frustración de estas personas, ya que están poniendo todo su tiempo para poder trabajar de forma legal y así pierden la última oportunidad que tenían para acceder al permiso".

La coordinadora confía en que los inmigrantes que han denunciado esta situación consigan regularizar su situación. Esta posibilidad se recoge en los artículos 31 y 45 de la Ley de Extranjería. Harresiak Apurtu ha tratado este asunto varias veces con la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, que ha "mostrado buena disposición". De momento, no se abrirá ningún expediente sancionador contra los inmigrantes presuntamente estafados que se encuentran en situación irregular.

Fotocopias de permisos

La presidenta de Médicos del Mundo, Celina Pereda, aseguró que varios de los denunciados ya habían estado implicados en episodios anteriores de fraude con inmigrantes y mostró su confianza en que, al hacerse públicos estos casos, salgan a la luz más presuntas estafas. "Muchos no se atreven a presentar la denuncia debido a su situación de vulnerabilidad".

La coordinadora ha presentado a la Policía, entre otras pruebas, recibos de las cantidades pagadas y fotocopias de permisos de trabajo en los que se había cambiado el nombre del contratado. "Es importante porque contamos con pruebas concretas", afirmó Celina Pereda, quien reveló que esta situación "no es nueva". "Ante los procesos de regularización, siempre se ha sabido que había gente que se estaba beneficiando y lucrando".

Natalia García, miembro de CITE-CC OO, otro colectivo integrado en la coordinadora, señaló que "puede ser dudoso si es legal o no cobrar por tramitar una documentación", pero agregó que no existe ninguna sobre el fraude en los contratos de trabajo "que estaban firmados" por ambas partes.

Harresiak Apurtu ha informado de lo sucedido al Colegio de Abogados de Vizcaya, que, según la coordinadora, va a iniciar una "investigación interna", al margen de las actuaciones de los juzgados. La vicedecana del colegio, Juana Balmaseda, aseguró ayer que se abrirán diligencias informativas a las dos letradas, que están colegiadas en Vizcaya, que se suspenderán de manera inmediata al haber una investigación judicial. Cuando ésta concluya, se reiniciará el expediente y se adoptará una decisión. Agregó que se enteraron del caso hace unos días, tras recibir la información de la coordinadora y que no han hablado de ello con las dos abogadas implicadas.

Al iniciarse el proceso de regularización, en febrero pasado, la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya reveló la existencia de mafias que pedían 500 euros por un contrato falsificado y 1.000 euros para facilitar un certificado de empadronamiento. Un total de 11.600 inmigrantes lograron en Euskadi la regularización por motivos de trabajo, en el proceso extraordinario que se cerró en mayo pasado en toda España. Sin embargo, la coordinadora Harresiak Apurtu calculó entonces que más de 20.300 personas proseguían entonces en situación irregular y puso en cuestión el "éxito" proclamado por las autoridades.