Desafío judicial

El pasado viernes la Audiencia Nacional demostró que cuando se trata de paralizar al Gobierno puede incluso trabajar de noche. Los más antiguos del lugar recuerdan vagamente sólo un antecedente en un caso en que estaban en juego derechos fundamentales. La sección séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo se reunió de urgencia para adoptar, a petición del Ayuntamiento de Salamanca, unas medidas "cautelarísimas" para paralizar en la sede del Ministerio de Cultura los papeles del Archivo de la Guerra Civil que iban a ser entregados a la Generalitat de Cataluña en cumplimiento de una ley aprobada por las Cortes Generales. La Sala de la Audiencia celebrará hoy una vistilla con abogados del Estado y del consistorio salmantino para decidir si mantiene o anula la paralización decretada el viernes.

No hay lugar a dudas de que los magistrados aceptaron con gusto el envite lanzado por el alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, de politizar el caso hasta contaminar a la propia justicia y producir un golpe de efecto en mitad del traslado y en plena negociación del Estatuto catalán. La ejecución del traslado no tiene nada de precipitado ni de clandestino. Sólo la obstaculización sistemática del señor Lanzarote obligó a realizarla de madrugada y sin contar con camiones para la carga. Es una medida no tan sólo legítima por parte del Ministerio de Cultura sino obligada, después de que la devolución de los documentos incautados tras la Guerra Civil fuera aprobada como ley por el Congreso de los Diputados. El motivo aducido, que en las cajas hay documentos que no corresponde trasladar, es un mero pretexto para obstruir el cumplimiento de la ley.

Las medidas tomadas el viernes por la Audiencia Nacional constituyen un desafío al Ejecutivo. La Sala deberá explicar en primera instancia cuál es el título que habilita al Ayuntamiento de Salamanca para recurrir, pidiendo la adopción de "medidas cautelarísimas", un acto del Ministerio de Cultura sobre un archivo que es de su propiedad y sobre cuyos fondos carece el Ayuntamiento de cualquier titularidad. Constituye, por lo demás, un acto de desconfianza supina entre las administraciones, dado que el traslado ni siquiera implica a particulares, sino a instituciones del Estado.

No hay irreversibilidad alguna que obligue a una intervención intempestiva de un tribunal; al contrario, al tratarse de instituciones del Estado, todo lo que se hace está sometido a estricto control de legalidad y a su ejecución pertinente. Existe ya un recurso, planteado por la Junta de Castilla y León ante el Tribunal Constitucional, sobre cuya decisión y cumplimiento parece tener muy escasa confianza tanto el Ayuntamiento de Salamanca como la sección de la Audiencia Nacional que ha aceptado el recurso. De ahí que lo único pertinente sea el levantamiento inmediato de las medidas cautelares, a la espera, por supuesto, de lo que decida en su día de forma definitiva el Tribunal Constitucional.