Complicidades

¿Qué sabían realmente los distintos Gobiernos europeos de los vuelos de la CIA para detener o transportar ilegalmente a presos para luego interrogarles, sospechosamente bajo tortura, en cárceles secretas en territorio europeo o fuera de él? Es necesario esclarecerlo. Está en juego no sólo la moralmente devastada presidencia de Bush, sino también la credibilidad europea, pues no cabe reclamarse de la defensa de los derechos humanos y de la legalidad internacional, para luego mirar hacia otro lado en estos casos, que han involucrado algunos secuestros de personas en Europa, además de otros lugares, para llevarlas a Afganistán u otros lugares sin ley.

Desde que el 2 de noviembre pasado The Washington Post desveló este turbio asunto -aunque ya hubo vuelos que pasaron por Mallorca (y Canarias) más que sospechosos sobre los que llamó la atención la prensa y la judicatura local-, no pasa semana sin nuevas revelaciones. La última, la del The New Statesman, al sacar a relucir un memorándum del 7 de diciembre del Foreign Office al gabinete de Blair sugiriendo que, estuviese o no informado de las supuestas entregas de prisioneros, la administración sí era consciente de que eran ilegales si había "un riesgo real de tortura". A la vez, se recomendaba ahogar el debate público. La afirmación del ministro británico de Exteriores, Jack Straw, de no tener conocimientos de casos posteriores al ataque del 11-S de 2001, aunque sí anteriores, resulta poco creíble.

Hay en todo caso dos asuntos significativos, que conducen ambos a la sospecha de que pudo utilizarse la estructura de bases norteamericanas en Europa y de que no cabe descartar complicidades por parte de servicios secretos europeos. Se trata de los secuestros de Jaled Al Masri, de doble nacionalidad alemana y libanesa, en Macedonia, para su posterior traslado a Kabul; y del imán radical egipcio, Abu Omar, acusado por la CIA de contactos con Al Qaeda, en Milán, para su traslado a la base de Aviano, y luego a la de Mannheim (Alemania), desde donde voló en un reactor civil alquilado por la CIA hasta El Cairo.

El ruido que se empezó a organizar en las capitales sobre todo este asunto ha sido casi acallado tras la visita de la secretaria de Estado americana, Condoleezza Rice, a Bruselas el pasado diciembre, como si hubiera solicitado un pacto de silencio, no sólo para no embarazar a EE UU, sino a sus aliados. El Parlamento Europeo ha abierto una comisión de investigación para averiguar la posible complicidad de Gobiernos europeos en estas entregas y la existencia de cárceles secretas, pero no concluirá hasta dentro de un año y su mandato es menos amplio de lo que cabía desear.

El Consejo de Europa, por su parte, también ha abierto una investigación, como varios Parlamentos en la UE, a comenzar por el de Polonia, uno de los países a los que se ha apuntado que podían haber albergado cárceles secretas de la CIA. De probarse, podría llevar a sanciones de la UE contra los países infractores. Pero, ¿cuántos países podrían estar implicados? Además, hay diversas investigaciones judiciales en curso. La maquinaria pesada se ha puesto en marcha, y es necesario que no se detenga, caiga quien caiga.