Denuncias y decretos

La falta de personal para atender a alumnos con necesidades especiales llevó en diciembre a los padres de una niña de Calp, de nueve años, al juzgado de Dénia. Presentaron una denuncia por un supuesto delito de omisión del deber de socorro contra el conjunto de la Administración educativa implicada, desde la inspectora de la zona hasta el propio consejero, Alejandro Font de Mora.

María, que es como se llama la niña, padece mielitis transversa idiopática y requiere de la ayuda de fisioterapeutas a lo largo de la jornada escolar.

Los directores de centros y la confederación de asociaciones de padres Gonzalo Anaya han pedido que se solucione la falta de profesionales, que según sus cálculos afecta a más de 100 alumnos sólo en Alicante. El PSPV ha asegurado que en todo el territorio valenciano hay al menos 40 centros que deberían tener y no tienen educadores especiales.

Parte del problema proviene, según los directores, del largo y complicado proceso que deben seguir en el caso de que uno de los educadores pida una baja laboral o deje el trabajo. La solicitud para que se cubra la plaza se dirige a la Consejería de Educación, que a su vez la traslada a la Consejería de Administraciones Públicos, que debe pedir permiso a su vez a quien tiene la llave del dinero, la Consejería de Hacienda. Todo este proceso, asegura un director, puede demorarse durante meses. En ese lapso de tiempo, algunos menores son atendidos en el colegio por sus familiares; otros, se quedan en casa.

La Generalitat aprobó en 1998 un decreto por el que la Administración educativa debe garantizar los medios para que los alumnos con necesidades especiales reciban una educación de calidad.