Estatuto a medianoche

Las expectativas de un rápido desenlace de las negociaciones que a mediodía ofreció el presidente del Gobierno al Comité Federal de su partido se verificaron a medianoche: existe un acuerdo global sobre el Estatut cuyo contenido se conocerá hoy. Como en septiembre con el anteproyecto, el acuerdo llega tras una reunión de Zapatero con Artur Mas. El líder de CiU fue sensible a la petición de un "último esfuerzo" para plasmar un acuerdo viable, expresada horas antes por el presidente. De todas maneras, ambos líderes necesitaron más de seis horas de reunión en La Moncloa.

El cierre de ese proceso, que ha dominado la vida política española durante el año pasado, había sido reclamado por otros dirigentes socialistas con el argumento de que la prioridad dada al debate territorial estaba tapando el mensaje de los socialistas en otros terrenos, singularmente el de las reformas sociales. A Zapatero se le recordó que esa necesidad de cerrar cuanto antes el Estatut no significaba cerrarlo de cualquier manera. A poco más de un año para las elecciones locales y autonómicas en 13 comunidades, es lógica la preocupación de los barones regionales por los efectos que podría tener un acuerdo que apareciera como discriminatorio. Sobre todo en relación a las dos cuestiones clave: la financiación y la definición de Cataluña como nación.

Sobre esto último se ignora la fórmula concreta aceptada por la parte catalana, aunque anoche se adelantaba que probablemente incluirá la que propuso el Gobierno. En el Comité Federal, Maragall proclamó que ahora ya "puede decirse" que Cataluña es una nación tras 23 años de "aguantar" sin decirlo, pero que de esa definición no se deducen derechos especiales más allá de los relativos a los hechos diferenciales. La invocación del carácter nacional de Cataluña como argumento para plantear una relación bilateral en cuestiones que nada tienen que ver con la lengua y demás rasgos diferenciales ha venido siendo uno de los obstáculos de fondo para el acuerdo.

En el Comité Federal de su partido, Zapatero reiteró su deseo de contar con el principal partido de la oposición para cuestiones de Estado, como la política antiterrorista o las reformas territoriales. Aprobar una ley orgánica de la entidad del Estatuto con el voto en contra del 41% de los diputados, que representan a casi diez millones de españoles, es un riesgo evidente. Pero a estas alturas parece improbable que la participación del PP en el debate del articulado en la Comisión Constitucional permita su incorporación al consenso. Éste es el punto débil de la estrategia de acuerdos in extremis con CiU seguida por Zapatero. Una estrategia que, por otra parte, comienza a adquirir nuevos perfiles tras el pacto de anoche. Mas había proclamado en foros diversos que estaba dispuesto a iniciar una etapa de mayor colaboración con el PSOE y con Zapatero, sin que ello implicase necesariamente tener que pactar el Estatuto. Pero no cabe ninguna duda de que cualquier tipo de colaboración cuenta ahora con una base más sólida.