Retoques fiscales

La casi totalidad de las economías modernas disponen de una fiscalidad efectiva que no es precisamente inferior a la española, aunque es cierto que en ellas existe un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hacer que todos cumplan, y reducir las bolsas de fraude y de economía sumergida, son tareas más urgentes que la reducción de las tarifas en la imposición directa. El Gobierno, sin embargo, adquirió en su programa ese compromiso. Para cumplirlo ha optado por una vía prudente y gradual, buscando favorecer a las rentas más bajas en la reforma del IRPF, menos atendidas en las reformas de anteriores Gobiernos.

La reducción de las tarifas en el impuesto de sociedades se hará en los próximos años, un punto por año hasta reducirla en cinco; la del IRPF entrará en vigor el año que viene. Un aspecto importante es la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. La reducción del número de tramos en el IRPF, hasta cuatro, así como la homogeneización de la tributación de los distintos productos financieros, van en esa dirección: son decisiones favorables y racionales. Como lo es la reducción de la amplísima panoplia de deducciones.

Pero la decisión de mayor alcance es la elevación del mínimo exento y la extensión de la tarifa única del 24% a una amplia mayoría de contribuyentes. Con las estimaciones del Gobierno, el 99,5% de los contribuyentes pagará menos en 2007. La rebaja media será del 6%, aunque para los que declaran rentas inferiores a 17.360 euros (el 60% de los contribuyentes) esa reducción media alcanzará al 17%. En esa dirección de extensión social de las ventajas está también la ayuda a los contribuyentes y familiares que se encuentren en situación de dependencia.

Significativo es también el cambio del tratamiento fiscal a las aportaciones a planes de pensiones complementarias a la Seguridad Social. En primer lugar, porque elimina la asimetría existente entre las formas de rescate de los mismos (de forma única y periódica) y, en segundo, porque queda muy limitada la cuantía máxima anual de aportación con derecho a deducción, hasta 8.000 euros. Ambas decisiones son razonables. La limitación a las rentas elevadas no impedirá que sus titulares dispongan de medios para complementar las pensiones públicas.

Aun cuando la reforma fiscal sea prudente, el coste recaudatorio puede ser importante. El vicepresidente económico lo ha estimado en 4.000 millones de euros en ambas figuras tributarias, una cantidad que vendría muy bien para fortalecer la dotación de conocimiento, cada día más urgente para evitar el desplazamiento competitivo de nuestra economía. Cumplido el compromiso fiscal, haría bien el Gobierno en emplearse en reformas y decisiones de mayor impacto en la modernización de la economía española: en relación con el sector exterior, por ejemplo, o al diferencial de inflación.